Sepca, dispuesto a ir a los juzgados «si un solo interino se va a la calle»

El dirigente del sindicato Sepca, Manuel González, considera insuficientes las declaraciones del presidente, Ángel Víctor Torres, para resolver el conflicto. El reciente Debate del Estado de la Nacionalidad evidenció la preocupación de todos los grupos políticos por la falta de estabilidad en la función pública. También del Gobierno, ya que Torres anunció una mesa de diálogo, con la participación de cabildos y ayuntamientos, de cara a establecer criterios comunes en todas las administraciones para que, en verano, estén identificadas todas las plazas de empleo público en abuso de temporalidad y aseguradas antes de que acabe 2024.

Desde Sepca, se apunta que estos plazos son los que marca la ley y critica que el Gobierno quiera incluir a cabildos y ayuntamientos en este debate, «porque cada institución local tiene su singularidad y se negocia con bases específicas». Con quien se tiene que sentar, agrega González, «es con los sindicatos -la lista de 'abusados' debe estar antes del 1 de junio- y mirar lo que tiene dentro en vez de mirar para fuera». A su juicio, Función Pública está «dando palos de ciego».

Al respecto, apunta que los trabajadores siguen considerando válido -el Gobierno entiende que no es vinculante- el acuerdo firmado en abril de 2021 encaminado a conseguir la permanencia del personal no fijo en situación de abuso de temporalidad. Este documento, firmado con la Consejería de Administraciones Públicas, establecía como primera medida «identificar y catalogar» a estos trabajadores y «establecer los mecanismos necesarios para su permanencia hasta la extinción de su vínculo contractual con la administración».

González insiste en que su reivindicación no habla solo de acabar con la temporalidad, sino de dar una salida salida a las personas que llevan años trabajando en la administración.

Sepca abandonó el comité de huelga entiende que «es necesario aprovechar la oportunidad de negociar que da la ley de diciembre del año pasado sobre la interinidad. En cambio, Co.bas e Intersindical mantienen la huelga hasta junio con la única reivindicación de que se cumpla el acuerdo de abril de 2021. Entienden que Canarias es competente para legislar en recursos humanos, piden el reconocimiento de fraude de ley a partir de los tres años y que «los que están, se quedan».