NC pedirá al Parlamento unir fuerzas para la ley de menores
La formación nacionalista propone elevar a las Cortes Generales una propuesta de cambio legislativo conjunta para su reparto
Tras dos años de crisis migratoria y la escasez de soluciones por parte del Estado ante los gritos de socorro del archipiélago, Nueva Canarias considera necesario «tomar acción». En concreto, la formación nacionalista se refiere al reparto de menores extranjeros no acompañados que desde la propia Consejería de Derechos Sociales llevan tiempo reclamando ante la «falta de solidaridad» por parte del resto de comunidades autónomas.
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En total, solo 208 menores han salido de las islas hacia otros centros del territorio nacional, mientras que continúa acogiendo la tutela de 2.800. Regiones como Madrid, solo aceptaron 5. «Es inconcebible que Canarias siga soportando sola esta carga», señaló el portavoz parlamentario de NC, Luis Campos. «La ley dice que la tutela de estos menores la ejerce la Comunidad Autónoma, pero se refiere a los menores que ya están en ese territorio, no contempla una situación excepcional como la que vivimos».
Su planteamiento pasa por corregir esas «lagunas» en la interpretación de las competencias y arbitrar una distribución «colegiada, solidaria y razonable» entre las comunidades. Un objetivo, por otro lado, prorrogativo, de forma que no se limite a dar solución a la crisis en Canarias sino a cualquier territorio que pueda sufrir una situación similar, como ya ha sucedido recientemente en Ceuta o Andalucía.
De esta manera, NC propondrá en la Junta de Portavoces que se celebra hoy elevar a las Cortes Generales una proposición de ley concensuada por todo el Parlamento para modificar la normativa estatal y obligar a que las comunidades asuman su parte de manera corresponsable. «Creemos que, más que presentarla como partido, tendrá mayor fuerza si mostramos unidad, teniendo en cuenta que en esta materia en concreto hay un consenso inequívoco entre todas las fuerzas políticas», apunta Campos.
Este mecanismo, explica el portavoz, se ampara en el Estatuto de Autonomía, cuyo artículo 43 permite al Parlamento presentar directamente proposiciones de ley en el Congreso de los Diputados y el Senado. Un procedimiento que si bien no será particularmente ágil, debido a los tiempos burocráticos habituales, sí será necesario. «Ojalá no hubiéramos tenido que llegar a este punto, pero viendo la respuesta insolidaria que hemos tenido no nos quedaban más opciones», argumenta. Lo que sí garantiza es que gracias al consenso entre los grupos parlamentarios, la propuesta podría estar finalizada en alrededor de un mes.
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En este sentido, Campos confía en que la modificación sea la respuesta última, ya que es la única «excusa» a la que se aferran los gobiernos autonómicos para evadir responsabilidades. Una convicción que difiere de los temores manifestados por el presidente canario, Ángel Víctor Torres, que si bien pretendía abordar el reparto de menores en la conferencia de presidentes dudaba de sus garantías. «Eso no significa que en el transcurso del trámite dejemos de seguir reclamando y ejerciendo presión», asegura el portavoz nacionalista.
Torres abordará el asunto en la Conferencia de Presidentes el día 13
El presidente canario, Ángel Víctor Torres, volverá a reclamar en la Conferencia de Presidentes un marco legislativo que deje claras las competencias sobre los menores inmigrantes entre las comunidades autónomas. Ya preveía incluirlo en el orden del día del pasado 25 de febrero, pero la invasión rusa de Ucrania obligó a suspender los actos programados apenas el mismo día. Finalmente, ayer se anunció una nueva fecha para la cita que se celebrará, de nuevo, en la isla de La Palma: el próximo domingo 13 de marzo.
En este marco, el presidente incidirá, por un lado, en un reparto donde no ha habido avances debido a la negativa de las comunidades autónomas, pese a que el ministro José Luis Escrivá reconoce la idoneidad de aplicar un modelo similar al de los adultos.
Por otro lado, defenderá establecer mecanismos «ágiles» para determinar cuáles de los inmigrantes que llegan por vía marítima son menores de edad y cuáles no, con el objeto de aliviar la presión en los centros de las islas. Una petición que la Consejería de Derechos Sociales ya elevó al Ministerio de Interior en conjunto con organismos especializados en Infancia como Save the Children, pero que fue rechazada el pasado año.
Por último, Torres también prevé abordar la firma de un convenio con el Estado por 50 millones de euros para responder ante la responsabilidad que supone el acogimiento de menores.
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