Caso Mascarillas: tras el «timo», el dinero habría acabado en coches de lujo
tribunales ·
En la querella se describe cómo el dueño de RR7 presuntamente engañó al Servicio Canario de Salud para aumentar su patrimonio
De acuerdo con la querella de la Fiscalía Anticorrupción, la empresa RR7 habría engañado al Servicio Canario de Salud, con el que entró en contacto gracias, supuestamente, a una trama de amistades, y después, una vez cobrado el dinero, trató de borrar el rastro del mismo con la compra de vehículos a través de otras empresas.
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En el escrito, el fiscal deja constancia de la detallada investigación sobre cómo entró RR7 en contacto con el SCS y cómo supuestamente movió con posterioridad el dinero -4 millones de euros en dos pagos-. Por si fuera poco, la Fiscalía Anticorrupción hace hincapié en cómo, «una vez incumplido el contrato», se articula desde el SCS un «arreglo privado trasladado a una resolución administrativa concebida únicamente desde la perspectiva particular de solventar la pésima gestión administrativa».
¿Cómo gestó Rayco Rubén González, dueño de RR7, el engaño a la administración? Así resume el fiscal el «timo de Rayco»: «(...) tuvo que engañar para conseguir el importe total del contrato. El ardid y la falsa la utilizó para poner obtener los restantes dos millones de euros que inicialmente no pudo obtener por la ausencia de crédito suficiente en la Dirección General de Recursos Económicos y hubo de rectificar la factura aceptando el pago fraccionado, pero con la obligación (desde el primer pago) de justificar los fondos librados con carácter anticipado (los dos primeros millones de euros).
La trampa la utilizó después -una vez conseguida la adjudicación por el trato de favor- importante mascarillas falsas y la artimaña la empleo para lograr el segundo pago del precio del suministro, plenamente consciente Rayco de la imposibilidad de acceder a mascarillas legales de la marca 3M y con la clara voluntad de incorporar definitivamente a su patrimonio la cuantía de 1.350.000 euros hizo creer a Ana María Pérez Afonso en la necesidad de la totalidad del dinero para la entrega de las mascarillas, sabiendo que 1.350.000 euros se los iba a quedar él».
En cuanto al rastro del dinero, en la querella se señala que Rayco Rubén González se valió «de un entramado societario radicado en Las Palmas de Gran Canaria, constituido con las empresas de sus familiares directos, para canalizar los ilícitos flujos de dinero obtenido del Servicio Canario de Salud por la previa comisión de una actividad delictiva (estafa)». Seguidamente el fiscal Ródenas detalla los movimientos bancarios realizados por el empresario «con el marcado propósito de encubrir la ilícita procedencia del dinero público conseguido, así como frustrar las posibilidades de cobro (del dinero incorporado definitivamente a su patrimonio) por parte de la Agencia Tributaria Canaria». En este sentido, cabe recordar que el Gobierno canario cifró en una docena los intentos de la Agencia Tributaria de recuperar el dinero, todos ellos sin éxito.
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Para esa ocultación, el empresario usó las empresas Yimbo 7 Inversiones SL y Berabemar 2017 SL. La querella califica los movimientos bancarios como «simuladas operaciones de préstamos societarios a empresas que último términos están bajo su dominio». Asimismo, destina parte del dinero público conseguido a pagar el alquiler de «una vivienda de lujo» y a la compra de coches de alta gama, en concreto un Porsche Panamera, un Porsche 992 y un Masserati Levante. En resumen, agrega el fiscal, «Rayco Rubén incorporó definitivamente a su patrimonio 1.350.000 euros convirtiendo la mayor parte (1.083.841,36 euros) en vehículos de alta gama por transferencias que ordenó entre sus empresas (...) siendo el resto del dinero gastado en un elevado tren de vida que satisfizo del erario público».
Al analizar los movimientos de la empresa Yimbo 7 Inversiones, la querella se refiere también a la compra de tres coches Lamborghini, un Bentley Bentayga y un Mercedes Benz, vehículos cuyo «urgente embargo» se solicita al juzgado por tener «directo origen en el dinero público ilícitamente incorporado al patrimonio del querellado».
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Asimismo, se pide al instructor el bloqueo de las cuentas de las empresas integrantes de ese entramado descrito en la querella.
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