Torres: «No habrá en el informe de la UCO ningún acto de Ángel Víctor Torres fuera de la legalidad»
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática defendió la gestión de la pandemia durante su mandato y se desvinculó de los casos de corrupción
En plena tempestad dentro del PSOE ante la revelación de una presunta trama corrupta en el partido con epicentro en el Ministerio de Transportes, la comparecencia este lunes del ministro de Política Territorial del Gobierno de España, Ángel Víctor Torres, en el Parlamento de Canarias en la comisión que investiga presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia, cuando era presidente del Gobierno de Canarias, se convirtió en una prueba de fuego para poner fin a las sospechas que se ciernen sobre él.
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Torres, cuestionado por el diputado de Vox, Nicasio Galván, sobre si su nombre aparecerá en los audios que tiene en su poder la Unidad Central Operativa (UCO), aseguró que «está deseando» que salga este informe para callar la boca de todos aquellos que «están salivando» esperando que su nombre aparezca envuelto en irregularidades. Como insistió en varias ocasiones , su actuación fue correcta, y no estuvo en pisos «con mujeres» ni relacionado con las supuestas «mordidas» que ahora se investigan.
«Estoy deseando que salga porque no va a haber ningún acto de Ángel Víctor Torres fuera de la legalidad», señaló de forma rotunda el ministro, que aseguró que creía en la democracia y la honradez de los representantes políticos. Durante este año, la comisión se ha centrado, principalmente, en las operaciones que se hicieron con la empresa Soluciones de Gestión y RR7. En el caso de esta última, este periódico desveló en mayo de 2022 la transacción a esta entidad de cuatro millones de euros por mascarillas que nunca llegaron. Sobre esta operación, Torres reiteró que la conoció a través de la publicación de este medio.
A su vez, en relación a los contratos con Soluciones de Gestión, remarcó que el material que se adquirió «llegó en pocos días a un precio menor que el de otras comunidades autónomas y de manera satisfactoria».
Torres se desmarcó de las operaciones, y dijo que fueron «los equipos técnicos» los que validaron «la recepción del equipo sanitario». Cabe recordar que esta entidad, sin experiencia en el sector, está investigada como la pieza central de un caso de presunta corrupción que salpica al ministro José Luis Ábalos, que pudo haber tenido un beneficio «en torno a un 32% de los fondos obtenidos». También se pudo ver beneficiado su asesor, Koldo García, y Víctor de Aldama (presunto cabecilla de la trama del caso Koldo).
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Para defender la firma de estos contratos, Torres reiteró que confiaron en ella por las compras que ya se habían realizado por parte de Puertos del Estado. Eso sí, en ningún momento reveló quién le trasladó a Antonio Olivera, por aquel entonces viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias y hasta hace unos meses director de gabinete del Ministerio de Política Territorial que se retiró del cargo por motivos familiares, garantías para cerrar el acuerdo comercial con Soluciones de Gestión.
Así, el diputado de Vox preguntó a Torres si pondría la mano en el fuego por Olivera. Sin embargo, el ministro no contestó de forma directa, aunque aseguró que había hecho una labor magnífica y que era una persona honesta. «Las conversaciones que salgan de algunas personas tendrán que ser ellas las que respondan», indicó.
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Por su parte, el diputado del PP Fernando Enseñat preguntó por una presunta trama venezolana para importar crudo a Canarias, a lo que Torres indicó que la única relación con una refinería fue para llevar a cabo el cierre de la de Tenerife. El ministro aprovechó para acusar al PP de Canarias de «tratar de enfangarle» durante estos años. «Llevan tiempo con difamaciones y calumnias en lo más íntimo, algo que es despreciable en lo humano y lo político», aseveró.
La comparecencia de Torres le sirvió para reafirmar lo que había declarado hasta en cinco ocasiones en otras comparecencias: su vínculo inexistente con los supuestos casos de corrupción durante la pandemia. Eso sí, subrayó que si hay personas que aprovecharon la situación de caos por la pandemia para sacar un rédito económico lo tiene que terminar pagando.
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«Nunca se decidió contratar a empresas en el comité de gestión»
Uno de los aspectos más polémicos del trabajo realizado durante la pandemia fue la creación del comité de gestión de la crisis sanitaria. Miembros del ejecutivo del llamado Pacto de las Flores han defendido a lo largo de este tiempo que la administración de este equipo sirvió para tomar decisiones como los protocolos a seguir en el cambio de fases y la desescalada hacia la vuelta a la normalidad, si bien, en ningún caso se cerraron contratos con empresas para adquirir material sanitario.
Así también lo reiteró el expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, durante su intervención en la comisión parlamentaria. Dijo que en ese órgano «nunca se decidió contratar a una empresa o a otra».
Además, durante este año, el nombre de Ana María Pérez, la exdirectora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud ha resonado con fuerza en la comisión. Cargos del anterior equipo de Gobierno la responsabilizaron de la gestión de los contratos de material sanitario porque en ese órgano se centralizaron las compras. Además, está acusada de prevaricación por la fiscalía al dar luz verde a la operación con RR7. La diputada de Coalición Canaria Vidina Espino preguntó por este hecho a Torres, a lo que el ministro respondió que «no tenía relación con ella» y que solo la vio una vez.
El ministro de Política Territorial explicó que las propuestas llegaban desde todos los ámbitos y fuerzas políticas, y las solicitudes luego se vehiculizaban a través de ese organismo.
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