Rayco González, dueño de la empresa RR7, llega a los juzgados
Caso mascarillas ·
Pese a que en un principio se acogió a su derecho a no declarar, esta tarde rompe su silencio
El administrador único de la empresa de compraventa de coches RR7, Rayco Rubén González, rompe su silencio y declarará ante el juez instructor del caso Mascarillas y las partes personadas este jueves, día 27. Su abogado, Rachid Mohamed, solicitó la comparecencia y la cita será a las 13.00 horas.
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Rayco Rubén González era hasta la fecha el único de los investigados que en la primera comparecencia ante el juez Francisco Javier García Garcia-Sotoca se había acogido a su derecho a no declarar. Según explicó su abogado, lo hizo como parte de una estrategia procesal en aquel primer momento.
Rayco Rubén González está investigado por presunta estafa agravada y blanqueo de capitales. La querella de la Fiscalía Anticorrupción también alcanza al director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, y a la que fuera directora general de Recursos Económicos, Ana María Pérez. A ambos se les atribuyen los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
En noviembre, el juzgado recibirá las respuestas del presidente Torres y tomará declaración a familiares del empresario
El procedimiento judicial está centrado en el contrato fallido entre el SCS y RR7 firmado en 2020, en pleno estallido de la pandemia. El Gobierno pagó 4 millones de euros por un millón de mascarillas que nunca fueron entregadas.
Tras la llegada de un cargamento de mascarillas falsificadas que fueron destruidas, el SCS reactivó el contrato que había dado por extinguido y dio una segunda oportunidad a RR7, que propuso otro modelo y otra marca de mascarillas y subir la cantidad a 1,2 millones de unidades. Pero tampoco llegaron esos cubrebocas.
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Tras la primera ronda de declaraciones, el juez, a instancias del fiscal Anticorrupción, ha citado para el 11 de noviembre en calidad también de investigados de la esposa, la madre y un primo de Rayco Rubén González. Los tres aparecen en otras sociedades vinculadas igualmente al dueño de RR7 y que, según la investigación, habrían recibido parte de los 4 millones de euros pagados por Sanidad.
Hasta la fecha, Conrado Domínguez ha eludido toda responsabilidad en la negociación del contrato inicial y en la modificación posterior. A su vez, Ana María Pérez ha declarado que tanto ella como su departamento dieron forma administrativa a las «órdenes» y los «intereses» del director del SCS.
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Por su parte, las funcionarias que han declarado como testigos han subrayado su sorpresa por la celeridad y falta de cautelas con que se formalizó el contrato, así como el hecho de que el trámite de emergencia utilizado obligaba a que el material fuese entregado en un mes.
Samuel Machín, citado como testigo, se presentó como un intermediario entre Sanidad y RR7 que se habría quedado sin cobrar su comisión. Machín entró en contacto con Conrado Domínguez a través de Osvaldo Lastras, amigo del director del SCS.
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Tras la declaración del jueves, el siguiente hito en el calendario del caso Mascarillas es la contestación del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en calidad de testigo. El juez lo citó para el 2 de noviembre y desde Presidencia ya se comunicó que la contestación será por escrito.
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