El magistrado decidirá este viernes si el dueño de RR7 entra o no en prisión
Tribunales ·
El empresario investigado deberá comparecer ante la autoridad judicial a las 12.30 horas a petición del fiscal Anticorrupción
El administrador único de la mercantil RR7 United SL, a la que Sanidad adjudicó un contrato de cuatro millones de euros para la adquisición de un millón de mascarillas que nunca llegaron a los hospitales de las islas, tendrá que comparecer este viernes para que el magistrado instructor decida si ingresa o no en prisión provisional, como así interesó el fiscal Anticorrupción.
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La audiencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, está señalada para las 12.30 horas en el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria encargado de investigar el caso Mascarillas, en el que el propietario de RR7 United SL, Rayco Rubén González, figura como investigado por los delitos de estafa agravada y blanqueo de capitales.
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Según argumentó el Ministerio Fiscal para solicitar el ingreso en prisión de González, constan en el procedimiento «una pluralidad de datos objetivos» entre los que detalla «movimientos bancarios, con importantes traspasos de flujos dinerarios, constitución de sociedades mercantiles y operaciones mercantiles tendentes a encubrir fondos cuyo origen es precisamente fraudulento e ilícito» que revelan un «fundado pronóstico de imputación» del investigado. Y lo es en lo que describe como «dos delitos castigados con penas graves» como son los de estafa agravada y blanqueo de capitales, que conllevan penas que van desde los cuatro años de prisión, como es el caso del primer supuesto.
«Ansia de lucro»
Insistió el fiscal en su solicitud de prisión para González en que mostró un «ansia de lucro» que cifró en dos millones de euros «sobre un bien de primera necesidad en la época de pandemia», como eran las mascarillas para los sanitarios de los hospitales públicos de Canarias, un «EPI esencial para proteger su vida e integridad física. Para que el empresario consiguiera dicho beneficio debió lograr que el Servicio Canario de la Salud del Gobierno de Canarias entregara y depositara en su cuenta bancaria «el dinero mediante el empleo de un timo», describe la acusación.
Un hecho que califica de grave y que «se acrecienta al desviar mediante el empleo de préstamos simulados con ánimo de encubrir su ilícito origen» a otras empresas. Estas mercantiles son Yimbo 7 Inversiones Sociedad Limitada y Berabemar 2017 SL, participadas por su madre, su esposa y su primo, que también han sido citados para que presten declaración también en calidad de investigados.
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Los investigados
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Seis personas En este caso figuran como investigados Conrado Domínguez, Ana María Pérez, Rayco Rubén González, Adoración Sánchez, Belén María Alemán y Kevin Sánchez.
Dichos «familiares próximos» son, a juicio de Anticorrupción, quienes ostentan «el dominio» y, de facto, detrás de quienes «se parapeta» el propio investigado Rayco Rubén González para cometer un presunto delito de blanqueo de capitales.
La defensa de Rayco Rubén González, ejercida por el letrado Rachid Mohamed, defenderá ante el magistrado que la medida de prisión provisional solicitada por el Ministerio Público es desproporcionada e innecesaria ya que su patrocinado siempre ha colaborado con la Justicia, no hay riesgo de destrucción de pruebas cuenta con arraigo familiar en Gran Canaria.
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Torres aporta los datos del Comité a la espera de las preguntas
El presidente Ángel Víctor Torres, a través de sus servicios jurídicos, ya dio traslado al juzgado de los datos que en su momento le pidió el fiscal sobre el Comité de gestión de la crisis sanitaria. Esta información no la facilitaron desde el Ejecutivo en su momento, lo que derivó que Torres fuese citado para declarar el día 2 en calidad de testigo. Lo más probable es que Torres opte por responder a las preguntas que le formulen por escrito, haciendo uso de su calidad de presidente autonómico.
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