Los interinos se encierran tras el plante del Gobierno regional

Manuel González, representante de Sepca —sindicato convocante de la huelga junto con Intersindical Canaria y Cobas—, ha señalado que desconocen los motivos «reales» de esta decisión. Si bien desde el Gobierno canario se justifican en la falta de un informe jurídico para poder firmar, González asegura que ello solo resalta la «incompetencia» de la gestión. «Se supone que cuando se va a un acuerdo tienen que tener sentadas las bases jurídicas con las que van a negociar», insiste «No salimos de nuestro asombro». Además, apunta que el acuerdo ya estaba suscrito por el jefe de servicio de Relaciones Laborales de la Función Pública y que, en cualquier caso, es un primer acercamiento para constituir las mesas de trabajo, una cuestión «preliminar al acuerdo definitivo».

Por otro lado, apunta a posibles presiones ejercidas por el resto de sindicatos que no se han sumado a la huelga (CSIF, CCOO y UGT). «Mi opinión es que esto se ha hecho demasiado mediático en cuatro días y todo el mundo ha metido dedo», explica.

Con todo, esperan que la firma se produzca entre una semana y diez días en los términos pactados, ya que, de lo contrario, endurecerán los paros anunciados para mayo y estudiarán nuevas medidas de presión. Ya ayer ocho personas del comité de huelga se encerraron en la sede del comité de empresa de la Consejería de Transición Ecológica, en el Edificio de Usos Múltiples I de la capital grancanaria, como respuesta a «la falta de credibilidad del Gobierno de Ángel Víctor Torres». En un comunicado, anunciaron que no saldrán hasta que se materialice el acuerdo y se espera que participe todo el personal público. «Nos habíamos relajado un poco en abril porque veíamos que estábamos llegando a un puerto común, pero los paros del próximo mes continúan», manifiesta González, que confirma que están dispuestos a ampliar el calendario anunciado, lo que afectará en la gestión los fondos procedentes de la UE para la recuperación económica.

Por otro lado, los sindicatos consideran las formas en que se comunicó el aplazamiento de la firma —de manera informal a un miembro del comité a las 20.00 horas de la noche del jueves— como una «falta de respeto» al colectivo y su «dignidad», explicaron en rueda de prensa representantes de los tres sindicatos. «Es inconcebible que desde el Ejecutivo se humille a los empleados públicos», recalcó Rafael Rodríguez, de Intersindical Canaria. Además, hicieron hincapié en que el acuerdo responde a las sentencias de los tribunales europeos sobre el abuso de la temporalidad y a una directiva comunitaria, por lo que reclaman que «si no son capaces de acometerlas» desde el Gobierno central, dejen a Canarias resolver el problema por sí misma.

González reitera que está en abuso de temporalidad cualquier persona que ocupe un puesto estructural y se encuentre realizando funciones con carácter permanente. «Nuestra intención no es que se queden fijos», matiza. «Lo que queremos es garantizar la permanencia de esas personas en la Administración. Es decir, que sus puestos no salgan a ningún tipo de oferta pública». Un reclamo que afecta a más de 800.000 empleados temporales en el conjunto de España.