Canarias aprueba una guía de buenas prácticas para reforzar el control en las oposiciones

Salir airoso de un proceso de oposiciones no depende solo de los conocimientos acerca del temario en cuestión. Una parte importante tiene que ver en cómo se hacen llegar esos contenidos y, desde luego, con la formulación de las preguntas.

Con el objetivo de mejorar la calidad de los procesos selectivos y permitir una real y efectiva participación de las personas aspirantes, la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha elaborado un código de buenas prácticas para los tribunales calificadores a la hora de confeccionar los cuestionarios tipo test que forman parte de las pruebas para acceder como personal funcionario y laboral fijo de la Administración General de la comunidad autónoma.

La resolución forma parte del conjunto de medidas que viene adoptando el departamento que dirige Nieves Lady Barreto para mejorar la calidad de los procesos selectivos.

Según ha informado el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), esta resolución responde a los plantamientos que hizo en octubre de 2023, cuando denunció ante la Dirección General de la Función Pública, que los exámenes tipo test que se habían confeccionado por los Tribunales Calificadores, para las pruebas selectivas al Cuerpo Administrativo - C1 (turnos libre y promoción interna) y Auxiliar Administrativo – C2 ( turno libre), «no cumplían ni mínimamente con los criterios de disminuir la exigencia de la memorística, la adecuación del nivel de conocimiento exigido según el nivel de titulación para los cuerpos objeto del examen, ni al desempeño de las tareas previstas para ellos».

«Se trataba de cuestionarios contenían preguntas con enunciados excesivamente largos, abundante exposición al fallo en las opciones de respuesta y una dificultad teórica sobredimensionada en relación con las funciones asignadas a los cuerpos a los que se opositaba«, añadió la organización.

En ese sentido, la guía de buenas prácticas establece orientaciones entre las que figuran:

Necesaria relación entre el programa exigible y el contenido de las mismas; el nivel de dificultad de las preguntas y el nivel académico exigido, así como la formulación de enunciados simples o la prohibición de preguntas basadas en la doble negación.

Si bien los cuestionarios tipo test tienen un tiempo máximo, estas pruebas deben ser formuladas de una manera que permita su fácil comprensión y un fácil manejo del documento.

Se plantean buenas prácticas también en la formulación de las respuestas, de forma que se limite el número de éstas y que sean excluyentes entre sí -es decir, que ninguna pueda considerarse más verdadera que la otra-.

Asimismo, propone que se evite el uso abusivo de respuestas que se basen en la veracidad o falsedad de las demás o que la literalidad de las respuestas sea tan igual entre sí que dificulte su diferenciación.

De otra parte, se establecen buenas prácticas en cuanto a la confección del documento en sí mismo. De esta manera, apunta Función Pública que debe existir una «correlación razonable» entre el tiempo fijado para realizar el ejercicio y el que resulte necesario para su lectura, contestación y revisión, de manera que garantice una lectura fácil y cómoda.

Este código aborda también el procedimiento de elaboración, impresión, depósito, entrega y custodia de los cuestionarios. Así, plantea la forma en que se distribuye entre los miembros del tribunal calificador, cómo se guardan en lugar seguro, se imprimen, se depositan y se entregan.

Estas orientaciones se han de tomar en cuenta por parte de los tribunales calificadores a la hora de confeccionar un cuestionario tipo test «sin perjuicio de la discrecionalidad técnica de la que gozan y de la autonomía en el ejercicio de sus funciones», indica la Consejería.

Recuerda que la selección de personal forma parte de la política de planificación de recursos humanos y «no trata únicamente de reclutar efectivos, sino de orientar la selección hacia determinados perfiles profesionales».

Además, entiende que en la medida en que todos los tribunales calificadores elaboren los cuestionarios tipo test sobre la base de unos mismos criterios, la actuación de la Administración será más objetiva y homogénea y se evitarán agravios comparativos entre procesos selectivos.

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