El Consultivo avala la urgencia y necesidad del decreto de RTVC

El Consejo Consultivo considera ajustado a la legalidad el Decreto ley 8/2021, de 28 de junio, del Gobierno de Canarias de medidas extraordinarias para garantizar la continuidad de la gestión del servicio público de Televisión Autonómica y de sus programas informativos hasta la aprobación del mandato marco por el Parlamento de Canarias. El documento, de 50 páginas, fue analizado por la Mesa del Parlamento en su reunión de ayer y la votación para la convalidación del citado decreto está prevista para el pleno del 27 y 28 de este mes.

En sus conclusiones, el Consultivo subraya que «se aprecia la existencia de extraordinaria y urgente necesidad que habilite la aprobación del decreto-ley». En cuanto al contenido, agrega que «se adecua, con carácter general, a su parámetro normativo, constituido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, así como al resto del ordenamiento jurídico que le es de aplicación, sin perjuicio de las observaciones efectuadas en el Fundamento VIII».

En dicho apartado, el Consultivo señala que el decreto «puede contribuir a normalizar la situación de disfunción temporal que señala la Exposición de Motivos, puesto que la atribución de competencias, que en este caso se amplía, posibilitaría, aún más, que un órgano concebido y dotado inicialmente para ejercer su cometido por un plazo máximo de 6 meses, y cuya gestión alcanza ya casi los tres años, se convierta en un órgano indefinido, ampliando en este caso las funciones como para que no sea perentorio que se elijan los órganos naturales del ente: la Junta de Control y la Dirección General».

En este sentido, cabe recordar que el Decreto ley 8/2021 prorroga y amplía las competencias del administrador único de RTVC, Francisco Moreno, ante la situación derivada de que más allá del 1 de julio no podía renovar el contrato de servicios materiales para los informativos de Televisión Canaria. Al no haber sido elegida por el Parlamento la Junta de Control de RTVC y el vacío orgánico que se generaba de facto, el Gobierno optó en el decreto por una vía que, además, mandata al administrador general -o en su defecto al director general cuando sea elegido por el Parlamento, para que garantice a medio plazo la continuidad del servicio, acudiendo a la vía de la licitación del servicio. Y todo ello sujeto a que el Parlamento defina el modelo de gestión de televisión a seguir, ya sea cien por cien público o mixto, como ha sido desde el inicio del canal.

La Junta de Control no fue elegida al no lograr la mayoría precisa. El empeño de Coalición Canaria en mantener a Francisco Pomares como candidato, junto al cambio de criterio de CC, que decidió no secundar la candidatura de Francisco Moreno como director general, frustró la mayoría reforzada. A ello se añadió la fuga de dos votos en el bloque conformado por CC y el Partido Popular.

El Consultivo recoge una vez más la conveniencia de que los decretos se tramiten como proyecto de ley, lo que permitiría relativizar la excepcionalidad de los contratos, «así como los limitados efectos temporales y materiales en disposición de producir, siendo preciso en una posterior tramitación como Ley que su contenido sea acorde, en todo caso, con la legislación básica vigente en materia contractual».

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