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La ministra Irene Montero visitó este viernes las islas. C7

Acuerdo para aumentar la financiación del Pacto contra la Violencia de Género

Servirá para financiar programas de defensa, apoyo e información a las víctimas por periodos de cinco años

EFE

Santa Cruz de Tenerife

Viernes, 22 de julio 2022, 15:45

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El Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas han acordado este viernes prorrogar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que caduca el 28 de septiembre, y aumentar su financiación, de manera que las políticas públicas en este ámbito sean estables y no sean puestas en duda.

De esta manera se ha referido la ministra de Igualdad, Irene Montero, a las conclusiones de la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada en Santa Cruz de Tenerife y que a su juicio, ha lanzado un mensaje de unidad institucional «absoluta» en cuanto a que la lucha contra la violencia machista «es una cuestión de Estado».

En la Conferencia, a la que también han asistido la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez; y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, se ha acordado garantizar un sistema de financiación estable, plurianual y con fondos suficientes para dotar presupuestariamente a todos los servicios de recursos humanos y técnicos.

Como novedad, ha dicho la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, se ha acordado flexibilizar la política de gasto en cuanto a que los proyectos en materia de atención a la violencia machista podrán ser plurianuales y se permitirá el gasto en el capítulo 1, esto es, personal.

A su vez, se ha aprobado un marco de cooperación en materia de violencia contra las mujeres para mejorar la respuesta «integral, eficaz y coordinada contra las violencias machistas» con la garantía de que en todo el territorio estatal habrá políticas, recursos y servicios que garanticen los derechos de las víctimas.

El marco de cooperación se articulará a través de un plan conjunto entre Estado y comunidades autónomas y el plan tendrá una vigencia inicial de cinco años, prorrogables automáticamente por periodos idénticos, salvo acuerdo expreso de la Conferencia Sectorial.

El plan tendrá en cuenta también la financiación estatal suficiente y estable para el desarrollo de este marco de cooperación a través de los Presupuestos Generales del Estado, además de mecanismos de seguimiento y evaluación por parte de las comunidades autónomas, ha explicado Ángela Rodríguez.

Un catálogo de políticas y servicios

Asimismo, ha proseguido la secretaria de Estado, se ha acordado elaborar un catálogo de referencia de políticas y servicios, que será redactado por consenso y se aprobará en la próxima reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad, previsiblemente en noviembre, y que tendrá como objetivo configurar un conjunto de estándares mínimos que deberán garantizarse en todo el territorio.

El catalogo abordará, como mínimo, la prevención de la violencia contra las mujeres, incluyendo medidas informativas, de concienciación y educativas; investigación y recogida de datos, protocolos, instrumentos y políticas para la detección de la violencia; y servicios y medidas para la atención integral y reparación de todas las víctimas de todo tipo de violencias.

Una vez aprobado el catálogo se actualizará periódicamente, tomando en consideración el desarrollo de los servicios y recursos existentes y las modificaciones legislativas que se puedan producir, ha añadido Rodríguez.

Actuaciones

Asimismo se ha acordado reforzar la cooperación en actuaciones y políticas que incidan en la transformación estructural necesaria para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, incluyendo las novedosas como la violencia digital, y seguir impulsando la formación especializada y continua de todos los equipos profesionales que participan en el apoyo y protección a las víctimas.

Además, y en los periodos en que se produzcan repuntes de feminicidios o cuando se produzcan muertes de mujeres en los que concurran circunstancias de especial relevancia, las comunidades afectadas y el Ministerio de Igualdad constituirán «comités de crisis» con el fin de analizar las situaciones para sacar conclusiones que refuercen la respuesta interinstitucional.

Se considerará que existe un repunte cuando, en el plazo de un mes, se hayan producido cinco o más casos de feminicidio en una o más comunidades autónomas, ha detallado Ángela Rodríguez, y los comités de crisis serán convocados por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Un repunte se entiende por cinco o más casos de feminicidios en el plazo de un mes

Los comités recabarán información acerca de los servicios e instituciones a los que acudió la víctima, con los informes de las Unidades de Coordinación y de Violencia sobre la Mujer de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, con la finalidad de evaluar la respuesta y formular, en su caso, propuestas de mejora, ha añadido.

Una vez analizada la información, estos comités emitirán un informe de conclusiones que contendrá, en su caso, las propuestas a desarrollar para la mejora de la respuesta institucional, y la secretaria de Estado ha indicado que también en los próximos meses se perfilará la mejora del sistema de información para evitar que se repitan fallos, como se ha detectado en algunos casos de violencia machista, «y que no se pueden volver a repetir».

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