El precio de volar

Y se trata de una asignatura pendiente entre ambos gobiernos porque por más que periódicamente escuchamos la promesa de que se estudia el asunto, no hay manera de saber a qué conclusión se llega. Ni tampoco qué datos han recopilado. Tampoco hay constancia de que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia tome cartas en el asunto para ver si entre las aerolíneas hay algún tipo de maniobra que aumente sus beneficios a costa de perjudicar a los viajeros. Estamos hablando de un organismo inspector y fiscalizador que se inventó para ese tipo de trabajos, pero se ve que sus integrantes no viajan a Canarias, porque de otra forma no se explica su pasividad... o inacción, para ser más exactos.

Canarias seguirá siendo un destino caro para muchos peninsulares mientras no haya valentía de esclarecer qué está fallando. En un sistema de libre mercado es evidente que la capacidad administrativa de poner límite a los precios es reducida, pero el interés general obliga a hacer algo cuando hay que garantizar la cohesión territorial. Se supone, además, que la competencia entre empresas favorece la contención de la inflación pero en esto no opera esa ley. Por eso mismo hay que coger el bisturí, abrir en canal, ver sin miedo lo que pasa y tomar medidas. Si no hay componenda contraria al libre mercado, habrá que optar por mecanismos de imposición de precios máximos o de fijación de líneas de servicio público. Son figuras que están inventadas y que se aplican en otros lugares de la Unión Europea, de manera que no cabe escudarse en que la normativa comunitaria lo impide.

Seguir como hasta la fecha, esto es, sin hacer nada, no es de recibo. No hay disculpa para que un vuelo de la península a las islas sea más caro que una conexión trasatlántica. Con el añadido de que los canarios que renuncian a la residencia por cuestiones laborales también sufren esa inflación supersónica de los vuelos.

Ahora que la legislatura estatal arranca, a ver si este misterio se deshace. Solo hace falta valentía política.