Despiezando el caso

No es la primera vez que la Fiscalía Europea entra en danza en asuntos que tienen que ver con las islas. Ya lo hizo con el caso Mascarillas, reclamando la competencia pese a que la Intervención General de la Comunidad Autónoma concluyó que el polémico contrato con RR7 no se cargó finalmente a fondos comunitarios, de manera que si hubiera un perjuicio, sería para las arcas autonómicas. Y también la Fiscalía Europea abrió diligencias tras recibir una denuncia ciudadana en torno a posibles irregularidades en otros contratos de compra de material sanitario para hacer frente a las urgencias derivadas de la pandemia.

Conviene recordar que estamos hablando de un organismo fiscal de reciente creación, bajo el manto de la Unión Europea, y que ha tenido algunos roces con la Fiscalía española. Todo ello obedece, en gran medida, a la diferente naturaleza jurídica. A saber: en España la instrucción es competencia de los juzgados, mientras que la Fiscalía Europea sigue el esquema de otros países comunitarios, de manera que suya es la tutela de la investigación y su margen de maniobra es amplísimo. Tanto es así que en España se arbitró una fórmula singular:es la Audiencia Nacional quien actúa como juzgado tutelar, garantizando con ello que los pasos de la Fiscalía Europea vayan acordes al ordenamiento jurídico español.

Allá los doctores del ordenamiento jurídico internacional y sus interlocutores nacionales con este invento, pero desde el punto de la vista de la lógica, esto es, del sentido común, cuesta encajar este ejercicio de despiezar las causas en función de la caja fuerte de la que salen los dineros presuntamente mal empleados. Quiero decir que en teoría lo relevante es perseguir el supuesto delito y al presunto delincuente, y lo de menos es que lo haga uno u otro en función de quién puso los cuartos enajenados. Quizás habría sido más útil que la Unión Europea y los ministerios de Justicia de los diferentes estados miembros se afanasen más en dotarse de mecanismos de cooperación sólidos y ágiles, así como en coordinar las legislaciones.