Andan algunos ayuntamientos canarios o, para ser más exactos, algunos alcaldes y concejales de Urbanismo, con el labio torcido porque el Gobierno de Canarias se ... ha puesto de acuerdo con el mundo empresarial y algunas entidades profesionales para buscar un atajo ante el atasco en la concesión de licencias municipales de construcción. Se trata simplemente de dar respuesta a una necesidad que, además, tiene amparo legal: no solo es inaceptable estar meses e incluso años esperando por un visto bueno de un Ayuntamiento para una edificación o una reforma en un inmueble ya existente, sino que además hay unos plazos legales que se incumplen de manera sistemática por parte de las administraciones, con el añadido de que a ellos sí les sale gratis. Mientras, si el contribuyente se pasa un solo día en el pago de un tributo municipal, ya le están cayendo las sanciones y los intereses de demora.
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En esa tesitura, alcaldes y concejales soliviantados se escudan en que sus competencias son sagradas. Sobre esto, serán los tribunales los que digan si, por el ejemplo, los decretos del Gobierno canario en materia de vivienda son ajustados o no a la legislación. Mientras no exista ese veredicto, el resto son opiniones, tan respetables unas como otras, pero nada más que eso.
Lo que subyace es, en todo caso, una gran contradicción que se perpetúa en el tiempo:lo que plantean esos ayuntamientos es defender hasta el final su incompetencia. No tanto sus competencias, sino sobre todo su incapacidad para ejercerlas en tiempo y forma. Es algo así como ir a la guerra para salvaguardar no tanto la soberanía de un territorio como el derecho a ser incapaz de gestionar adecuadamente esa soberanía.
A esa contradicción de fondo se suma otra que ya es de traca: son precisamente los municipios de mayores dimensiones los que más se indignan cuando se trata de desatascar el asunto de las licencias para aliviar la crisis habitacional, cuando son ellos los que más tardan en concederlas. Es una especie de maldición:los que más medios técnicos y humanos atesoran son los más ineficaces, y sobre esto no hay más que preguntar a quienes acuden a una ventanilla a presentar un proyecto para que se lo autoricen. ¿Por qué? Explicaciones hay de sobra:que si falta personal, que si la legislación estatal es la culpable... pero no se ve a un concejal o a un alcalde del club de los ahora indignados poniendo remedios eficaces sobre la mesa. Eso sí, poniendo pegas a que otros lo hagan sí que los vemos en primera línea de la manifestación.
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