Luz verde al proyecto de ley de alquiler vacacional tras salvar los reparos de inseguridad jurídica

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno definitivo al proyecto de ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas -la ley del alquiler vacacional- y enviará el texto al Parlamento una vez han sido «salvados todos los reparos» del Consejo Consultivo que daban lugar a inseguridad jurídica.

Así lo anunció este lunes la consejera de Turismo, Jessica de León, quien reconoció que al documento inicial se han incorporado «bastantes cambios» en aras de alcanzar el mayor consenso.

Aún así, el documento mantiene las «líneas rojas», como la imposibilidad de a la actividad turística viviendas protegidas o de nueva construcción, en este caso durante los diez años siguientes a su terminación.

El objetivo, dijo, es que el «residente esté en el centro de la gestión» y la norma contribuya a paliar las dificultades en el acceso a una casa por parte de la ciudadanía, así como a destensar el mercado, aunque en este punto responsabilizó en gran medida a la ley estatal de vivienda y reclamó su derogación.

En el proceso de redacción de esta ley, iniciado hace 15 meses, se recogieron más de 5.000 observaciones que se han tenido en cuenta en el proyecto.

También ha registrado modificaciones a petición de la Fecam, lo que les ha permitido «acercar posturas» con los ayuntamientos. A juicio de la consejera, la ley ha sido tan participada que considera «muy difícil que prosperen posibles recursos o demandas».

Respecto a las observaciones realizadas por el Consejo Consultivo -en un informe no vinculante-, la Consejería de Turismo ha atendido todos los reparos expuestos a una veintena de artículos para «facilitar su aprobación» en el Parlamento.

En este sentido, De León indicó que se rectifican u omiten los aspectos que el citado órgano había detectado que podían generar inseguridad jurídica, así como los que excedían las competencias autonómicas, además de atender la observación de que el preámbulo no casaba con el artículado «debido a las sucesivas modificaciones» del texto.

Al margen de este dictamen, la consejera puntualizó que se han producido cambios respecto a la redacción inicial, donde no diferenciaba entre propietarios y explotadores de viviendas vacacionales o que establecía una temporalidad de cinco años revisables a otros cinco, hasta un máximo de 20 años.

Tras una «escucha activa», se acordó que todos los propietarios que cumplen con el decreto que en estos momentos regula la actividad puedan ejercerla de forma ilimitada.

Además, los ayuntamientos que hayan sobrepasado la capacidad de carga de un 90% vivienda residencia y 10% para turismo puedan emitir un informe sectorizado por núcleos.

Por otro lado, el Gobierno ha iniciado el procedimiento para elaborar una nueva Ley de Turismo de Canarias, con el objetivo de establecer un marco normativo completo y actualizado que aborde los retos del destino desde una perspectiva sostenible y tenga en cuenta la fragilidad del territorio, donde a día de hoy están declaradas las emergencias energética, hídrica, habitacional y migratoria.

De León hizo hincapié que se trata de sustituir la vigente norma de Ordenación del Turismo, aprobada en 1995 -«una buena ley adelantada a su tiempo»- y adecuarla «a la Canarias de hoy, que debe hablar el lenguaje de la sostenibilidad».

A su juicio, la tramitación de esta ley repetirá los plazos que la relativa al alquiler vacacional y no podrá estar aprobada antes de 15 meses.

Ha señalado que ha habido cambios a petición de la FECAI y la FECAM, con la última de las cuales el Gobierno de Canarias ha «acercado bastante más las posturas» que al inicio.

La consejera ha subrayado que el reparto de competencias que determina el proyecto de ley no ha sido puesto en duda por ningún organismo, y ha puesto como ejemplo al Ayuntamiento de Granadilla, que ha redactado y tiene en exposición pública su ordenanza, «una oda a la sencillez», en un mes.

«No pedimos un cambio sustancial» del planeamiento general, ha expresado la consejera, ya que los ayuntamientos pueden recurrir a una ordenanza pormenorizada o provisional.

Preguntada si teme una batalla judicial, ha asegurado que esta ley «ha estado tan participada y ha pasado por tantas consultas que es muy difícil que esos recursos prosperen».

Jessica de León ha recalcado que cuando entre en vigor la ley, hasta que el planeamiento de cada municipio no lo habilite no se podrá conceder una sola licencia.

También ha enfatizado el hecho de que se ha «reforzado» la declaración responsable para ejercer la actividad, con la exigencia de proyectos técnicos y con la vigilancia del «cumplimiento estricto» de la ley por parte de cabildos, ayuntamientos, Gobierno de Canarias y de España a través del registro de ventanilla única digital.

A pesar de los «múltiples cambios» introducidos, la consejera ha reparado en el carácter «contundente» de la futura ley de vivienda vacacional, que mantiene unas «líneas rojas», como el veto a esta actividad de la vivienda protegida.

Cree la consejera que esta ley «indiscutiblemente» ayudará a relajar la tensión del mercado de la vivienda residencial, una realidad de la que no es responsable en su totalidad la vacacional sino que responde a diferentes factores, uno de ellos, la ley estatal de vivienda cuya derogación ha vuelto a reclamar.

En cuanto a la reforma de la Ley de ordenación del turismo, ha indicado la necesidad de adaptar la normativa al contexto actual, en el que Canarias vive «cuatro emergencias: energética, hídrica, habitacional y migratoria».

Ha opinado que la ley en vigor, pese a su longevidad, fue «avanzada a su tiempo» y ha permitido a Canarias tener un sector turístico «muy competitivo», y lo que ahora pretende el Gobierno regional es que sea «más rentable para los canarios» y que «hable el lenguaje de la sostenibilidad».