El Gobierno canario y las inmobiliarias garantizarán un inquilino 'top' para que aumenten las viviendas en el mercado
Esperan «seducir» a parte del parque de casas cerrado, un 40% de la oferta, a través de un código de buenas prácticas
El Gobierno de Canarias firmó este martes un código de buenas prácticas con el sector inmobiliario, con el que espera «seducir» al parque de viviendas cerrado —que cifró en un 40% de la oferta— y que así aumenten las casas disponibles para el alquiler o la venta. El documento establece un marco común para orientar la actividad inmobiliaria hacia prácticas responsables y legalmente jurídicas. Por ejemplo, como solución a las inseguridades existentes en el mercado, promueve que los arrendatarios hagan frente a seguros de impago de rentas o coberturas ante actos vandálicos, un coste que no todos los bolsillos pueden asumir, solo los inquilinos 'top'.
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El consejero de Obras Públicas del Ejecutivo regional, Pablo Rodríguez, presentó el texto junto al director gerente de la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan), Javier Terán, y al presidente de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria, Rafael Tarajano.
Rodríguez subrayó que se trata de una «iniciativa pionera» en las islas, aunque ya funciona en otras comunidades autónomas como Madrid, que nace de la colaboración público privada.
El objetivo consiste en ofrecer «garantías» y «generar confianza» a quienes intervienen en operaciones tan «trascendentales» como es la compraventa o el alquiler de una casa, en un momento en el que el mercado inmobiliario se ha vuelto «más complejo».
Con su aplicación se busca garantizar «el trato ético, justo y honesto» en este tipo de operaciones.
Los profesionales del sector que se adhieran al código operarán bajo un sello de calidad que avalará sus gestiones. Eso sí, deben cumplir una serie de requisitos para ello, como es inscribirse en el Registro de Agentes Inmobiliarios de Canarias.
El presidente de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria, Rafael Tarajano, calculó que se han registrado unas 200 empresas, aunque en el archipiélago operan entre 1.000 y 1.200 agencias inmobiliarias, debido a la «enorme escalada» que experimentó el sector tras el covid.
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Las entidades que se sumen al código deberán regirse, a su vez, por diferentes principios, como el de prohibición de cláusulas abusivas y el de igualdad y no discriminación.
Por su parte, el director gerente de Visocan, Javier Terán, resaltó la importancia de avanzar en la colaboración público privada para «fortalecer la confianza en el mercado inmobiliario» y puso especialmente en valor la tranquilidad que brindará el código a inquilinos y propietarios, al saber que «sus operaciones se desarrollan con todas las garantías éticas y jurídicas». «Supone un paso firme hacia un modelo más transparente y seguro», afirmó.
Bono de alquiler joven
De igual forma, el Gobierno de Canarias y las Cámaras de Comercio de las islas suscribieron ayer un convenio de cooperación para la gestión de las subvenciones destinadas al Bono de alquiler joven. El acuerdo, publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), busca agilizar la tramitación y el abono de estas ayudas, para favorecer la emancipación de la población menor de 35 años.
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La iniciativa cuenta con un crédito inicial de 10,6 millones de euros, mientras que las ayudas ascienden a una cuantía fija de 250 euros al mes en un plazo máximo de 24 meses.
El Plan Canario de Vivienda fue «ineficaz» en sus primeros años
«La ejecución en los primeros años del Plan Canario de Vivienda fue absolutamente ineficaz», aseveró ayer el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, sobre la iniciativa impulsada en 2020. El consejero enfatizó que algunas de las medidas que recoge sí se han desarrollado al «cien por cien», sobre todo las que «tienen que ver con ayudas al alquiler o subvenciones al promotor». En este sentido, destacó el bono de alquiler joven, cuya convocatoria está abierta en la actualidad. A su vez, señaló que el plan ha fallado«en la construcción del nuevo parque de viviendas públicas», marcada por la ralentización en los plazos, con algunas viviendas en el proceso de finalización, otras a medio hacer y unas terceras que se están iniciando.
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