Los expertos avisan de que la «heterogeneidad» del movimiento pone en riesgo su continuidad

¿Y ahora qué? Es la pregunta que siempre surge después de cada gran protesta realizada por la ciudadanía y el movimiento 'Canarias tiene un límite' no es un caso aparte. Tras tres movilizaciones, tal vez ya no sea tan importante el número de personas que han asistido a cada una de ellas, que ha sido fluctuante, sino analizar su impacto y evolución.

Según Antonio Garzón, experto en turismo y director de NutriHotel, las organizaciones convocantes de la protesta original «perdieron la oportunidad» de desarrollar un proyecto «estable y coherente» tras la gran capacidad de convocatoria que tuvieron el 20 de abril del año pasado, dejando pasar seis meses hasta la próxima protesta, cambiando su celebración a las zonas turísticas, donde la participación se «desinfló» y se hicieron virales imágenes que iban en contra del sentir generalizado de los manifestantes.

Tras seguir muy de cerca el movimiento durante el último año, Garzón lo califica como muy «heterogéneo», con muchos perfiles de manifestantes, sin definir bien las acciones que reclaman y sin un líder y una consigna clara. Consciente de que este domingo se volvió a reunir a miles de personas y que fueron más que en octubre, resalta que «fueron muchas menos que en abril» por lo que considera que esta denuncia social podría quedar en nada al no haber madurado el proyecto. «En ciertos aspectos es una pena que no hayan conseguido desarrollarlo mejor».

Bajo la opinión de Garzón, llama la atención «lo simples» que son las reivindicaciones orientadas a la depreciación del territorio, los problemas hídricos y los vertidos de aguas residuales al mar, cargando toda esa responsabilidad al turismo, cuando son efectos producidos por toda la población. Al tratarse de grupos ecologistas, Garzón piensa que se podría ahondar más en estas reivindicaciones desde un punto de vista más técnico.

A pesar de ello, Garzón subraya que las movilizaciones también dejan algunas notas positivas, ya que «incitan a la acción» y llaman la atención de la clase política y empresarial sobre el que considera, es el gran problema que atañe a la mayoría de la población y sobre donde está el principal foco de las protestas, la vivienda.

Un problema para el que recuerda, ya se han activado medidas como la declaración de emergencia habitacional y el decreto de medidas urgentes para poner vivienda asequible en el mercado al igual que el anteproyecto de ley de vivienda vacacional que pretende poner coto al auge descontrolado de los pisos turísticos en los últimos años. Unas medidas que admite, todavía no están teniendo resultados y cuya puesta en marcha siempre se demora más de lo idóneo.

Entendiendo la desesperación que ello puede causar entre los manifestantes, defiende que es imposible resolver a corto plazo un problema que parte de hace décadas y cuyo desencadenante ha sido la ausencia de construcción de vivienda pública en los últimos 20 años y el crecimiento descontrolado de la vivienda vacacional, «que debería haberse regulado desde 2017», apunta el experto.

Ahora la pelota está en el tejado del sector público, que para Garzón debe asesorarse bien para dar una narrativa «coherente» a estas reivindicaciones y no desde una narrativa condescendente y trabajar en gestionar «estratégicamente» el turismo y la vivienda.

Parafraseando a Jafar Jafari, Doctor Honoris Causa de la ULPGC en turismo, Garzón opina que es un sitio «ya no es tan bonito para vivir, tarde o temprano dejará de serlo para visitar» por lo que los que toman las decisiones deben atender a las capacidades de carga no solo ecológica sino también social e infraestructural».

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