La 'huida' de apartamentos turísticos hacia el uso residencial sigue: en 2 años desaparecen el 30%

La conversión de apartamentos de uso turístico a residencial -bien para alquiler de larga estancia, uso propio permanente o temporal o vivienda vacacional- continua al alza en el archipiélago a pesar de que la normativa en vigor no lo permite. En dos años, entre febrero de 2019 y febrero de 2023, la oferta de plazas extrahoteleras ha caído un 30%, hasta situarse en las 105.892, según los últimos datos que maneja la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias.

En términos absolutos supone la pérdida de 41.209 plazas. De este total, Gran Canaria acapara casi el 60%. La isla redonda es la que más oferta extrahotelera ha perdido en estos dos años, hasta el punto de que actualmente hay más plazas en Tenerife que en Gran Canaria: 36.530 frente a 35.090, según los datos del Gobierno de Canarias. La isla redonda ha perdido 23.506 plazas desde 2019 mientras que en Tenerife han desaparecido 7.384.

La intensidad con la que se está dando este cambio de uso de los apartamentos turísticos en la isla de Gran Canarias explica que el debate de la «residencialización» se esté centrando básicamente en la isla redonda, si bien no es un fenómeno ajeno a otras zonas de las islas como Arona, Adeje y Puerto del Carmen en Lanzarote. Los protagonistas son, de un lado, los propietarios que en muchos casos adquirieron los apartamentos sin saber que estaban comprando inmuebles sujetos por ley a uso exclusivamente turístico y en muchos casos, bajo la unidad explotación (obligados a ser gestionados por un tercero que lleva el complejo, con lo que no se puede comercializar de forma individual como vivienda vacacional) y de otro los empresarios, que defienden que se cumpla la ley y se mantenga la unidad de explotación de los complejos para evitar lo que está ocurriendo en numerosos edificios de Playa del Inglés, que lucen una imagen de deterioro y abandono que daña la calidad del destino.

La solución al conflicto no es 'a priori' sencilla como se puso ayer de relieve en la mesa redonda organizada por la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (Feht) en Las Palmas de Gran Canaria. Como indicó ayer una de las ponentes, la socia del bufete Montero y Aramburu, Rosa Martínez, la resolución es «complicada» porque en este debate hay muchos los intereses contrapuestos y todos ellos son legítimos. Sin embargo, Martínez considera que la salida al conflicto está en los ayuntamientos, que desde que entró la norma hace diez años (la Ley de Renovación y Modernización Turística de 2013), han mirado para otro lado esperando que el Gobierno de Canarias resolviera la situación y sin tomar cartas en el asunto cuando, apunta, era su responsabilidad. «Los ayuntamientos, que son los planificadores urbanísticos y tienen un papel fundamental en la resolución del problema, no lo han abordado. No se ha hecho la especialización de usos», indica Martínez, que considera que lo que deberían haber hecho los municipios es analizar su suelo y decidir su uso: turístico exclusivamente, residencial exclusivo o compatibilizar parcelas de uso turístico y residencial al tiempo. Así se hubiera evitado el conflicto actual.

En ese punto recuerda que la Ley del Suelo de 2017 introdujo una disposición que permitía a los propietarios que estuvieran viviendo en apartamentos turísticos con anterioridad al 1 de enero consolidar el uso residencial. Sin embargo, para ello era condición necesaria que los ayuntamientos lo especificaran, algo que no hicieron. «Estas personas han ido a los tribunales a exigir el uso consolidado y se encuentran que los ayuntamientos no han hecho la tarea y se les deniega. El tribunal, que no legisla solo aplica la ley, les dice que si está haciendo un uso residencial en un complejo turístico está incumpliendo la norma y lo sancionan», explica Martínez.

En el mismo sentido que Martínez se expresó otro de los ponentes, el economista y experto en temas turísticos, Antonio Garzón Beckmann. En su opinión, en el tema de los apartamentos turísticos y el cambio de uso «ha faltado gestión por parte de los ayuntamientos». Según explica, en el Reglamento 85/2015 de la Ley de Renovación Turística se recogía que los ayuntamientos analizasen las distintas zonas para decidir su uso y fijar las dotaciones pertinentes. «Sin embargo, no se ha hecho nada de eso», apunta.

Garzón valoró también el que muchos de estos apartamentos se estén destinando al alquiler vacacional. En este sentido, este experto aboga como solución que, en aquellos complejos residenciales en los que un 30% o 40% de las plazas sean de vivienda vacacional, «les caigan todas las obligaciones legales» que tiene que asumir un alojamiento hotelero reglado y tengan una recepción. «Esto también debería hacerse con los seudo hoteles de Las Palmas de Gran Canaria», manifestó. «No sería una unidad de explotación sino de gestión, que el turista tenga la sensación de llegar a un complejo y tenga una recepción y un servicio técnico conjunto... Aunque luego la vivienda la alquila el propietario», manifestó. Garzón califica de «jungla» la situación que se está dando actualmente en las zonas turísticas.

En el debate organizado por la Feht participaron como ponentes Rosa Martínez Díaz, socia del bufete Montero y Aramburu; Salvador Miranda Calderín, abogado, economista, doctor en Historia y director de la Cátedra REF de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria(ULPG); Antonio Garzón Beckmann, economista y experto en temas turísticos; Guillermo Morales Matos, doctor en Geografía y catedrático de la Universidad CarlosIII y Javier Valentín Peñate, abogado y vicepresidente de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav). El moderador fue Juan Manuel Bethencourt, periodista y responsable de Comunicación de la FEHT.

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