Los explotadores de apartamentos turísticos se quejan de un «desamparo absoluto»

Los explotadores de apartamentos turísticos salieron ayer al paso de las declaraciones realizadas porla presidenta de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav), Doris Borrego, solicitando modificar la unidad de explotación para permitir el uso residencial y en arrendamiento particular de estos inmuebles y así, zanjar el problema de la residencialización.

El abogado de varios complejos y experto en este asunto (es autor de la tesis 'Principio de unidad de explotación turística'), Carlos Bethencourt, recuerda que la unidad de explotación nació en Canarias no para que nadie se enriqueciera sino «para garantizar el derecho del turista». En este sentido, recuerda que gracia a la unidad de explotación el turista goza en su apartamento de servicios de vigilancia, de socorristas en la piscina y de limpieza de su apartamento, entre otros. Además, recuerda que son las propias comunidades de propietarios las que eligen a la empresa que lleva la explotación de los complejos y que, en muchas ocasiones, son ellas mismas las que deciden explotarlo sin intermediario. «Hay un error de planteamiento importante. Aquí no se impone a nadie, ya que al explotador lo eligen los propietarios. Algunas comunidades, incluso, deciden hacerlo ellos. Tienen que cumplir con los requisitos que exige Turismo, como ofrecer una garantía pero se puede hacer y se hace», insiste.

Varios explotadores turísticos consultados por este periódico y que prefieren mantenerse en el anonimato ante las presiones que se están produciendo en torno a este asunto, aseguran que es imposible compatibilizar el uso residencial, el turístico y el del alquiler vacacional en un complejo. En uno de los casos el complejo cuenta con unas 150 camas y hoy solo están en explotación unas 100.

«Encuentras por el complejo personas que no sabes si están en un apartamento o se han colado, de las que no tenemos ningún dato o registro, que pueden estar molestando a los turistas y sobre los que no puedes actuar. Llamas a la policía y te dicen que no pueden hacer nada. Es un descalabro brutal», indica uno de los explotadores, que asegura que los complejos turísticos se mantienen «en muy buen estado» gracias a la unidad de explotación.

Asegura que hay propietarios que pagan la vigilancia, los sensores contraincendios y al socorrista pero otros no lo hacen, con lo que quien lo asume es el explotador pero se benefician todos. «Reclamamos y pedimos ayuda pero hay un desamparo absoluto», indica. Según señala, algunos apartamentos de su complejo se ofertan en plataformas turísticas sin ningún tipo identificación ni control de los viajeros. «Después llegan y se quejan de que no tienen limpieza en la habitación o algo no va bien y cuando les digo que no tengo nada que ver con su apartamentos, ponen una reseña negativa en contra del complejo. ¿Por qué tengo yo que sufrir esto?», se pregunta.

Como explica, los gastos anuales de su complejo en limpieza, personal (camareros), centralita, vigilancia, lavandería o servicios técnicos supera los 300.000 euros al año. «Esto con 150 apartamentos se cubre pero si somos 100 el negocio ya no es rentable. Nos están pidiendo a gritos que lo dejemos», señala.

Asegura que ha sido después de la covid cuando se ha agravado el problema por la alta demanda que hay para comprar apartamentos. Como nota positiva, los precios de los apartamentos turísticos se han disparado pero el problema es que los que están comprando lo quieren para vivir o alquilar por su cuenta, sin cumplir con las exigencias de la explotación turística. «Antes los registradores y notarios advertían de lo que se compraba pero ahora no sé que pasa que nadie sabe nada y las inmobiliarias aseguran que la ley de unidad de explotación no tiene encaje en Europa. Quizás sea así pero por ahora es la norma que existe y hay que cumplirla».

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