Usaban a gente sin recursos para financiar compras y defraudar a la Seguridad Social

La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife acogerá la próxima semana el juicio contra tres personas acusadas de utilizar a gente sin recursos para financiar la compra de todo tipo de artículos, que se quedaban y no pagaban y luego vendían a terceros, y para defraudar a la Seguridad Social.

Según se recoge en el escrito de calificación, les renovaban el DNI, en caso de que lo tuvieran caducado o extraviado, les acompañaban a abrir una libreta bancaria en la que domiciliar los cobros y les proporcionaban nóminas mendaces.

Además, en algunos casos les proporcionaban a estas personas que iban captando, varias de ellas aparcacoches, ropa o dinero para cortarse el pelo, a fin de que tuvieran mejor presencia a la hora de acudir a los distintos establecimientos a los que iban a estafar.

Mediante este procedimiento compraron ordenadores, móviles, automóviles, alguno de más de 20.000 euros; televisores, equipos de sonido y otro tipo de artículos de electrónica, todo ello sin pagar ninguna cuota o solo la primera a las financieras.

Asimismo, uno de los encausados aprovechó su condición de autorizado de varias empresas para dar de alta en la Seguridad Social a diversas personas sin abonar sus cotizaciones, generando periodos de cotización que luego les dieron derecho a obtener prestaciones sin que realizaran actividad laboral alguna.

Una de esas personas presentaba en el momento de los hechos un trastorno ansioso depresivo y deterioro cognitivo global, con merma en grado importante de su capacidad de comprender y elegir.

En el banquillo se sentarán en total 22 personas, pues también están acusadas las que participaron, como autores o como cooperadores necesarios, en alguno o varios de los delitos observados por el fiscal en su escrito, todo ello a cambio de «una pequeña cantidad de dinero».

Esto son un delito continuado estafa por cuantía superior a 250.000 euros, cuatro continuados de estafa (más de 50.000); otros doce continuados de estafa, uno de los cuales en grado de tentativa; un delito continuado de receptación y seis delitos continuados de fraude de prestaciones contra la Seguridad Social.

Los supuestos muñidores de la trama ya habían sido anteriormente condenados por hechos similares en dos ocasiones y uno de ellos tres veces.

Se da la circunstancia de que el presunto cabecilla dirigía las operaciones mientras estaba en situación de tercer grado penitenciario.

Para éste pide el fiscal la pena más alta, nueve años de cárcel, mientras que para el resto de procesados oscilan entre los tres años y medio y los seis meses de prisión.

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