Las acusaciones mantienen las penas por la muerte de Juan Carlos Tejera

Reclamando «la libre absolución» de sus representados, José Carlos C.H., Angelo D.D. y Juan Antonio D.R., el abogado afirmó que, después de que testigos, policías que investigaron lo ocurrido y forenses que efectuaron la autopsia al cuerpo de la víctima hayan comparecido día tras día para prestar declaración, la conclusión es que «no hay prueba alguna» que acuse a los enjuiciados. «Y mucho menos prueba de cargo suficiente ni legítimamente obtenida de acuerdo al ordenamiento legal», apostilló.

Frente a sus tesis, la representante del Ministerio Fiscal planteó que la implicación de los cinco hombres (contando con los acusados Antonio Enrique G.G. y Néstor David P.P. junto a los ya citados) fue quedando confirmada a partir del momento en que se produjo «un hito en la investigación», que fue «el hallazgo de una huella palmaria» de uno de ellos en un todoterreno del fallecido donde su cadáver fue trasladado para esconderlo a una cueva remota en el entorno de un vertedero de basura. Seguimientos de los movimientos que todos ellos llevaron a cabo en días previos y posteriores al momento en que se dio por desaparecida la víctima, «en la madrugada del 12 al 13 de marzo de 2015», permitieron recabar, precisó, suficientes indicios de su culpabilidad.

Este parecer fue compartido por la abogada de la acusación particular, ejercida por los allegados del muerto, aduciendo que información facilitada por empresas de transporte y de telefonía a las que se consultó los sitúa en el lugar del crimen mediante el rastro de la señal de sus móviles y confirma que viajaron a Lanzarote expresamente desde otras islas y que, a fin de evitar sospechas, lo hicieron «de forma escalonada» y no en el mismo día.

Las defensas rechazaron los argumentos, alegando que uno de sus clientes que pensaba viajar junto a otros dos aplazó la partida en el último momento porque entonces ya pesaba sobre él una condena por hechos pasados que establecía que para desplazarse necesitaba una autorización judicial que no logró a tiempo. Y señaló, en cuanto a los datos de la situación de sus teléfonos esgrimidos por las acusadoras, que «no eran referidos a la situación exacta de los móviles, sino a la ubicación de las antenas» que recibían sus señales.

La razón es que al investigarlas «no se hizo la triangulación» de su rastro, empleando informaciones cruzadas de varios registros para determinar con precisión dónde estaban los dispositivos de cada uno, conformándose con verificar que se conectaban con la antena que da cobertura al área en que está la cueva usada para ocultar el cuerpo, cuando resulta que «se encuentra al lado de los juzgados de Arrecife» y que su radio de acción es mucho más amplio, de modo que no es algo concluyente.

Pese a la oposición de ese letrado y de los defensores de Néstor David P.P. y Antonio Enrique G.G., fiscal y acusadora particular insistieron en atribuirles lo ocurrido y en calificar los hechos como delito de asesinato con ensañamiento, achacándoles además la segunda otro de detención ilegal porque las pesquisas apuntan a que su propósito inicial era capturarlo vivo y retenerlo en la cueva.

También se mantuvieron los cargos para Tania R.R., acusada de complicidad con los supuestos asesinos. Fiscalía y la familia de la víctima creen probado que ayudó en distintas gestiones y al tratar de encubrir el crimen.