La reclamación por incluir la casa Apolinario en el BIC de Las Canteras ascenderá a 2,4 millones
La propiedad aumentará la indemnización por pararle la obra en 5.339,4 euros al mes hasta que se pueda reanudar los trabajos autorizados
La inclusión de la casa del doctor Apolinario Macías en el expediente incoado por el Cabildo de Gran Canaria para protegerla como Bien de Interés Cultural (BIC), dentro de un conjunto de cinco edificios que han sido bautizados como frente ecléctico de Las Canteras, en torno al hospital San José, supondrá una reclamación patrimonial por parte de los propietarios del inmueble. La cuantía de esta indemnización oscilará entre los 2,39 millones de euros, en caso de que prospere la declaración de BIC, en su modalidad de conjunto histórico, y los 550.000 euros, en caso de que no lo haga y los dueños de la vivienda puedan seguir adelante con el proyecto de demolición y construcción de seis apartamentos en cuatro plantas de altura.
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Estas cantidades se incrementarían en 5.339,4 euros mensuales hasta que la obra pueda ser reanudada.
Así consta en un informe económico que acompaña al escrito de reclamaciones presentado por los propietarios del inmueble al expediente de declaración de BIC de estos cinco inmuebles, que se encuentra en fase de exposición pública.
El derecho de indemnización que alegan los dueños el inmueble que ahora se quiere proteger en su categoría de BIC -y que es el único de los cinco que no estaba protegido por el catálogo arquitectónico de Las Palmas de Gran Canaria- deriva de que la figura de protección que se quiere imponer impedirá la obra -demolición y construcción- que contaba con las licencias necesarias dadas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria debido a que se trataba de un edificio sin valores a proteger.
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Por eso, los dueños de la vivienda aseguran que la declaración de Bien de Interés Cultural para los cinco edificios del frente ecléctico de Las Canteras se trata de una mera «estrategia institucional» cuyo único objetivo es «evitar la demolición del único inmueble que carece de elementos eclécticos desde hace al menos 50 años», en especial después de la reforma sufrida en 1972.
Ese año, el Ayuntamiento daba permiso al entonces propietario de la vivienda, José García Roady, para reformar la casa de recreo -no era su vivienda habitual- que el doctor Apolinario Macías había comprado en 1904. Las obras de 1972 eliminaron gran parte de la tabiquería interior y se sustituyó el balcón original por otro de estilo canario, que es el que caracteriza la imagen actual de la vivienda, junto a un zócalo de cantería de Arucas.
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«Se ha instrumentalizado la figura del BIC para evitar la demolición de la propiedad de mis representados», apuntan los abogados de la familia promotora de los apartamentos, «carecía no solo de valores patrimoniales evidentemente excepcionales, sino de cualquier índole».
Por eso, aseguran que tanto el Cabildo de Gran Canaria como el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria resultan responsables del daño efectivo que supondrá la suspensión de la licencia de demolición del edificio, dictada en septiembre de 2022 al amparo de la incoación del expediente para declarar esta casas y las otras cuatro como Bien de Interés Cultural.
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Así se calcula la indemnización
En este sentido, el informe económico que se adjunta al expediente justifica la cifra indemnizatoria propuesta. Así, en caso de que sea de 2,39 millones de euros, un total de 1,23 millones de euros lo serán en concepto de lucro cesante; alrededor de 350.000 euros por daños morales; y cerca de 450.000 euros por la inversión que habrá que realizar para acometer la reposición del inmueble, entre otros conceptos.
En cambio, en el caso de que la vivienda no sea incluida en el BIC, la cifra de 550.000 euros de indemnización con dinero público procedería de 350.000 euros por daños morales; otros 150.000 euros por la pérdida de disponibilidad del inmueble durante todo el periodo de tramitación del expediente de protección; y alrededor de 45.000 euros como lucro cesante.
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Lógicamente, todas estas cifras deberán ser refrendadas luego por la autoridad judicial una vez que concluya la tramitación del expediente de Bien de Interés Cultural.
21 millones en reclamaciones con edificios protegidos
El Ayuntamiento capitalino ha mantenido invariable la postura que adoptó en 2022 y no se ha querido sumar a la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de la casa del doctor Apolinario Macías que ha incoado el Cabildo de Gran Canaria con el fin de evitar que recaiga sobre la ciudad una nueva condena indemnizatoria.
El Consistorio entiende que revocar la licencia de demolición y construcción concedida a los propietarios del inmueble en cuestión «supone un auténtico derecho expropiatorio». Es más, recuerda todos los edificios que componen el frente ecléctico -con la sola excepción de la casa del doctor Apolinario- está ya protegida en el catálogo municipal de protección arquitectónica. Y recuerda al Cabildo de Gran Canaria que para iniciar un expediente de declaración de un Bien de Interés Cultural «no es exigible ni necesario que el bien esté catalogado».
Con ello, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria trata de trasladar al Cabildo de Gran Canaria y al Gobierno de Canarias toda la responsabilidad en caso de que el procedimiento acabe con la obligación de pagar una indemnización a los propietarios del inmueble.
Hay que recordar, y en el expediente se hace mención a ello, que en los últimos años el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha tenido que afrontar reclamaciones por valor de, al menos, 20,59 millones de euros por litigios relacionados. De ellos, ha pagado ya 4,82 millones de euros (1,11 millones de esta cuantía en intereses de demora) y todavía debe afrontar reclamaciones como la recaída en la Casa Betancor, donde se le demanda 16,27 millones de euros, más 1,51 millones en intereses.
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