Personal denunció el clima laboral «insostenible» creado en la Asesoría Jurídica
Recursos Humanos advierte de renuncias, acumulación de bajas y supuesto acoso en el servicio en que están los abogados municipales
El escrito con el que la directora general de Administración Pública del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Mercedes Cejudo, denunció el «hostigamiento» que sufre el área de Personal por parte de la Asesoría Jurídica municipal -dirigida por Felicitas Benítez-, analiza también las causas del elevado número de bajas y renuncias que se producen en esta área. En el informe de 9 de noviembre de 2022, se relatan varias denuncias desde la jefatura de los abogados a su propio personal. Y se habla del caso de otra letrada que «ha puesto de manifiesto la necesidad de ser trasladada del servicio a consecuencia de las actitudes que con ella se mantienen y que, según sus manifestaciones, se corresponden con el acoso que sufre tanto desde la dirección General de Asesoría Jurídica como desde la Secretaría».
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Desde Administración Pública se asegura que las necesidades de servicio reclamadas por la Asesoría Jurídica -todo el enfrentamiento entre las dos áreas ha aflorado por las carencias de personal que padece este departamento- «han sido debidamente atendidas». Otra cosa, apunta Cejudo, «es que, con posterioridad, ese número de efectivos se haya visto reducido como consecuencia del número de bajas médicas que tiene».
Tras realizar el análisis de las bajas y los casos de supuesto acoso concluye que «así las cosas, no es de extrañar que con el clima que se respira en la Asesoría Jurídica, la situación existente resulte insoportable, hasta el punto de provocar la renuncia de funcionarios que han sido nombrados con carácter interino».
De hecho, utiliza la expresión de «lucha cainita» empleada por Felicitas Benítez en un escrito anterior (cuando explicaba la competencia que había entre servicios para quedarse con el personal y cubrir sus bajas) para criticar la actuación de la Asesoría Jurídica cuando se ha tratado de cubrir bajas. «Nadie acepta llamamientos para sustituciones cuando tienen la opción de hacerlo para otras administraciones para vacantes y sustituciones porque además llaman interesándose por el servicio y desde la propia Asesoría Jurídica (desconocemos quién) se les facilita información relativa a la situación que padece el servicio».
La acumulación incidencias en el área de la Asesoría Jurídica llegó a tal punto que el Ayuntamiento decidió contratar la figura de un mediador con el fin de encauzar esta situación. «Lo que estamos haciendo es establecer un procedimiento de mediación», indicó el concejal de Recursos Humanos, Mario Regidor, «estamos a la espera de que finalice el trabajo y haga las recomendaciones».
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Esto ratifica el contenido del escrito de Cejudo, en el que se informaba de que «Recursos Humanos ha tenido que contratar los servicios de un profesional externo que ayude a mejorar el clima laboral de la Asesoría Jurídica».
Pese a todo, el edil considera que no se puede entender que la situación de quejas sea algo generalizado, «ni que se pueda atribuir las bajas por este motivo».
Sin embargo, también el CSIF alertó de la situación en un correo remitido en mayo de 2020 a Recursos Humanos. «Tal y como venimos hablando desde hace varios años, los problemas de convivencia en el servicio de Asesoría Jurídica empeoran cada vez más las relaciones interpersonales», recoge el texto, «desde este sindicato hemos intercedido en múltiples ocasiones para intentar solucionarlos, siendo la única vía posible en cada momento, a propuesta de la Administración, el traslado de varias compañeras (3) en diferentes períodos, a instancia del médico de empresa debido a los problemas de salud relacionados con la situación expuesta, y dada la inactividad del servicio de Recursos Humanos para solucionar la problemática».
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De hecho, se hace referencia a que hay varios trabajadores que están soportando esta situación, «no siendo capaces de manifestarlo por escrito, motivado principalmente por el miedo a posibles represalias, algo totalmente comprensible dado los antecedentes de situaciones similares en esta administración y en este departamento en concreto».
El sindicato pidió en mayo de 2020 la intercesión de Administración Pública para poner remedio «a una problemática que ha perdurado excesivamente en el tiempo».
La denuncia contra el coordinador de Hacienda
El escrito que firma la directora general de Administración Pública del Ayuntamiento, Mercedes Cejudo, también hace mención a la «actitud de hostigamiento y malas formas» que atribuye a la directora general de la Asesoría Jurídica, Felicitas Benítez, en el caso de la denuncia en Fiscalía contra otro alto cargo municipal, en este caso, el coordinador general de Economía y Hacienda, Antonio Ramón Balmaseda.
«Durante la tramitación del referido expediente, las llamadas y exigencias de la directora general de Asesoría Jurídica respecto del mismo fueron continuas, en lugar de mantenerse al margen», expone Cejudo, quien explica que «no tenía sentido» que desde Recursos Humanos se instruyera un expediente disciplinario porque el coordinador de Hacienda «se encuentra por encima del propio servicio en sentido jerárquico».
En la explicación de este caso se hace referencia a la contestación, por correo electrónico, de Benítez a una solicitud de información. De acuerdo al relato de los hechos que hace Cejudo, el 20 de junio de 2022 se contestaba lo siguiente: «Buenos días, menos mal que recibo respuesta porque sólo me quedaba fiscalía».
La directora de Administración Pública entendió estas palabras como una «advertencia de que, si Recursos Humanos no actuaba, tendría que ir a fiscalía, lo que no tiene sentido en cuanto que la potestad disciplinaria no la ostentan ni la Jefatura de Servicio ni la Jefatura de Sección, sino que, como cargo directivo, se requieren las necesarias instrucciones desde la Alcaldía para actuar».
Es más, le recuerda que «las competencias de la directora general de Asesoría Jurídica acaban con la formulación de la denuncia de los hechos que estima constituyen infracción, pero sin que pueda ir más allá a la hora de exigir información o situación del trámite correspondiente (...) no siendo de recibo ni las amenazas ni las advertencias que, en ningún caso, deben influir en quienes sean competentes para adoptar la resolución que estimen más ajustada a derecho a la vista del resultado de las pruebas que en su caso se practiquen».
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