La nueva tarifa del agua llega tras el verano: se ahorra 1 euro y en 2026 se paga 5,64 euros más

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó la ordenanza reguladora de las prestaciones patrimoniales públicas no tributarias del servicio del ciclo integral del agua. Los recibos del agua con los nuevos precios empezarán a cobrarse a partir de septiembre, según las previsiones que hacen los técnicos municipales.

Después del verano, el 76% de los usuarios de Emalsa notará un descenso en la factura. Será mínimo: entre septiembre y diciembre cada cliente se ahorrará alrededor de 1,04 euros respecto a lo que paga ahora (para un consumo de 16 metros cúbicos). Sin embargo, a partir de 2026, el recibo irá subiendo: el año que viene pagará 5,64 euros más al año que ahora; en 2027, unos 3 euros más al año que en estos momentos; en 2028, unos 11,52 euros más al año que ahora; y en 2029, alrededor de 21,9 euros más al año que hoy.

Para una familia que consume 16 metros cúbicos de agua, su factura variará desde los 28,96 euros actuales cada bimestre a los 36,25 euros.

Una de las novedades que trae el nuevo recibo es que se elimina el pago mínimo, lo que beneficiará a unso 100.000 usuarios. También se diferenciarán los hogares de las viviendas vacacionales y se bonificará el consumo de los abonados en situación de riesgo de exclusión social con una bolsa de 280.000 euros anuales.

El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, recordó que se desestimaron las tres alegaciones presentadas.

La postura del PP fue defendida por Jimena Delgado-Taramona, quien se refirió a esta decisión como un «tarifazo». Su voto en contra se justifica en que «la subida de precios es desproporcionad e injusta» porque carga al consumidor el coste que asumía el Ayuntamiento en depuración. «El que paga 57 euros pagará 91 en unos años», explicó.

La portavoz del Partido Popular aseguró que el servicio de agua no es deficitario y que Emalsa está saneada. «No cuenten con nosostros para seguir ahogando a los ciudadanos con más impuestos y tasas», dijo.

Para Vox, la ordenanza no debería basarse en el principio de que quien contamina paga. «Eso está pensado para usos concretos de carácter industrial, no para el consumo doméstico», dijo, «es una barbaridad jurídica, política y moral aplicarla a un bien esencial como el agua potable». El concejal Alberto Rodríguez lamentó que se active una cuota de sostenibilidad para financiar la mejora de infraestructuras ya que no se especifica las obligaciones de Emalsa al respecto.

En cuanto a las bonificaciones para familias numerosas, criticó que sean las familias las que tengan que presentar el certificado de empadronamiento de modo anual. «No tiene sentido que el Ayuntamiento, teniendo esa información, no la conceda automáticamente», expuso.

Spínola, en su segunda intervención, dijo que el IPC ha subido un 34%, pese a que las tarifas siguen estancadas desde hace 14 años. Por eso, hablar de tarifazo es irreal y demagógico. «Las tarifas ahora son injustas porque no paga más quien más consume y nosotros estamos garantizando que el 80% de los clientes en 2026 se le va a subir un euro», indicó, «reconozco que los hoteles y viviendas vacacionales pagarán más, pero es acorde al consumo y la capacidad».

El edil recordó que se mantiene el bono social para las personas vulnerables y se va a quitar el consumo mínimo para quienes no consumen. «También seguimos manteniendo apoyo a la depuración», expuso, «a base de demagogia barata no se gobierna».

Alberto Rodríguez intervino a continuación para reiterar que «este gobierno municipal trabaja en favor de una empresa cuyo capital está mayoritariamente en manos de un fondo inversor sueco y en contra de los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria». Insiste en que sale ganando Emalsa con la nueva ordenanza.

Luego participó Jimena Delgado-Taramona para criticar «la cobardía política» de aprobar una «brutal subida de las tarifas del agua» que se notará a partir de 2029. «A ustedes solo les preocupa Emalsa», expuso, «no les preocupa lo que pagan los vecinos». Insistió en que se trata de otro «sablazo tributario», al que vinculó la nueva tasa de basura, que es una imposición europea.

Al final, el concejal de Hacienda criticó a la oposición de tener «miras cortas» ya que todavía quedan 15 años de concesión de Emalsa. «Para ese momento quiero una empresa moderna, actualizada, con las infraestructuras que necesita la ciudad», dijo, «así se defiende a la ciudadanía, como que en 2026 solo se les va a incrementar un euro al 80%».

La aprobación de las tarifas coincidió con la aprobación del pago de 22,99 millones de euros a Emalsa por no haberse actualizado la tasa de depuración para el servicio prestado entre 2022 y 2024. Con este, dinero se liquidará por fin una discrepancia que enfrenta a la administración pública y a la empresa mixta desde hace dieciséis años. En los últimos once año años, y contando los 22,99 millones aprobados este viernes, la ciudad ha tenido que afrontar el abono de 41,99 millones de euros por este concepto.

Hay que recordar que la tasa de depuración, que está fijada en 2009, nunca fue revisada por la negativa del Consistorio capitalino. La empresa solicitó su actualización en años como 2014, 2016 y 2022, pero como su petición nunca prosperó, los tribunales han tenido que ir obligando al Ayuntamiento a pagar.

Así, hubo que saldar la deuda contraída por los servicios prestados entre 2014 y 2016 (5,8 millones); hubo que satisfacer 13,27 millones de euros por la revisión de cada metro cúbico depurado entre 2017 y 2021. Y, ahora, se tiene que abonar la depuración entre 2022 y 2024, por los 22,99 millones de euros que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria reconoce, pese a que Emalsa ha reclamado 43,78 millones de euros.

Esta decisión se produce también cuando el Ayuntamiento decidió recortar las subvenciones destinadas a costear los servicios de depuración que presta Emalsa.

Esto explica el cambio en el Plan Estratégico de Subvenciones, que pasa de los 10,23 millones de euros previstos para todo el año, a 5,03 millones de euros para el periodo que queda comprendido entre septiembre –cuando está previsto que se inicie la aplicación de las nuevas tarifas del agua- y diciembre.

Para el resto de los años, el coste de las tareas de depuración se repartirán del siguiente modo: en 2026, el Ayuntamiento subvencionará 8,23 millones de euros y los usuarios pagarán casi 9 millones de euros; en 2027, se pagará con dinero público 6,62 millones de euros, mientras que los clientes de Emalsa abonarán10,59 millones de euros; en 2028, el Consistorio utilizará 3,5 millones de euros y la ciudadanía aportará 13,71 millones de euros; y en 2029, el Ayuntamiento pagará 2 millones y los usuarios los 15,21 millones de euros restantes, tal y como consta en el Plan Plurianual de Tarifas.

El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, aseguró que «el Ayuntamiento viene manteniendo este estado de cosas desde 1998 y se ha hecho cargo de esa situación con la misma estructura tarifaria», expuso, «estamos acabando con una gran injusticia porque la tarifa actual maltrata a los más débiles, a los usuarios domésticos, y beneficia a las grandes empresas, a los grandes hoteles y no es justo que pague igual un usuario que vive con apuros, que unos hoteleros que han tenido un incremento de beneficios tan importante en los últimos cuatro años», expuso, «no es justo mantener las tarifas tan obsoletas».

La oposición rechazó estos cambios porque entiende que se beneficia más a la empresa Emalsa que a los ciudadanos.

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