El Ayuntamiento paraliza los procedimientos abiertos que tiene contra supuestos floteros

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento, José Eduardo Ramírez, aseguró ayer que se ha dado la orden de paralizar los procedimientos abiertos en la administración contra la cesión irregular de licencias del taxi. La decisión se ha tomado después de que el Tribunal Supremo obligase al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a reconsiderar el criterio que había mantenido respecto a la revocación de licencias que había practicado el Ayuntamiento capitalino contra supuestos floteros.

El término flotero designa a los intermediarios que gestionaban taxis de manera irregular. El modus operandi era el siguiente: el flotero se ponía en contacto con titulares jubilados o sus viudos y viudas, a los que pagaba unos 500 euros mensuales a cambio de encargarse de la explotación de la licencia. El intermediario se hacía cargo de todos los gastos y organizaba el trabajo de asalariados como conductores de ese taxi de modo tal que el coche se mantenía trabajando las veinticuatro horas del día. A cambio de ese trabajo, el conductor tenía que entregar al flotero una cantidad fija, que rondaba entre cuarenta y cincuenta euros, por turno.

En 2013 se inició una investigación judicial de este asunto por un posible fraude fiscal y blanqueo de capitales en la explotación ilícita de las licencias de taxis de la capital grancanaria. Desde entonces se han producido detenciones -como la de siete personas que acaparaban de este modo unas seiscientas licencias- y pronunciamientos judiciales a favor y en contra de la revocación de licencias.

La nueva determinación del Tribunal Supremo da coherencia a la cascada de sentencias contradictorias que se han venido sucediendo desde entonces.

Todo se basa en la interpretación que hace el Alto Tribunal del procedimiento aplicado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para retirar las licencias explotadas por los floteros. Por estar personado en las causas, el Consistorio conoció los datos que la Agencia Tributaria remitía al juzgado de cada uno de los investigados. Entonces, lo que hacía era pedirle esa información a Hacienda para luego revocar los permisos, sin la autorización del afectado. «Por tanto, no empleó esos datos para un fin tributario sino para aplicar la normativa reguladora del taxi», explica el TSJC en una sentencia.

En estos momentos hay 98 licencias suspendidas, la mayor parte de ellas judicializadas. El concejal de Movilidad explicó ayer que en el caso de estas últimas, «el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tendrá que esperar a ver cómo las resuelve el TSJC y haremos lo que nos digan los tribunales».

Respecto a las que no han entrado en el palacio de justicia pero que están en sede municipal, en su fase administrativa, José Eduardo Ramírez dijo que «se van a paralizar todos los procedimientos que estén abiertos».

De manera oficial, el Consistorio no ha recibido notificación oficial todavía de la aplicación de la nueva doctrina del Tribunal Supremo. Por el momento, solo ha tenido conocimiento de la noticia que adelantó este viernes CANARIAS7 respecto a la anulación de las licencias que gestionaban los floteros. Por eso, se va a solicitar también un informe a la Asesoría Jurídica para determinar el alcance de la nueva doctrina del Alto Tribunal.

En todo caso, el concejal de Movilidad indicó que el fenómeno de los floteros ha ido menguando con el paso de los años gracias a la investigación realizada por Hacienda. Ramírez recordó que la explotación de licencias con intermediarios es una práctica «ilegal».