Los contratos de la pandemia
La gestión de Conrado Domínguez en la pandemia fue «irregular a todas luces»El texto de la comisión parlamentaria señala el contrato de RR7 como paradigma de «la falta de control en la gestión de recursos públicos»
«Sabemos que Conrado Domínguez utilizó dependencias del Servicio Canario de la Salud (SCS) cuando aún no había sido designado director de este organismo, sino que solo actuaba como coordinador del Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria del Gobierno de Canarias que, como hemos dicho, era un instrumento informal de consulta y asesoramiento, cuyas actuaciones ni tienen efectos jurídicos ante terceros ni son preceptivas. Sin habilitación formal para el desempeño de esas funciones, el coordinador del comité se constituyó en la sede del SCS para gestionar contratos, en un proceder irregular a todas luces, sin perjuicio de otras calificaciones que se pudieran generar en ámbitos de actuación diferentes».
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Este pasaje aparece en el folio 64 del borrador del dictamen de la comisión de investigación del Parlamento de Canarias sobre los contratos sanitarios por vía de emergencia que se realizaron durante el estallido de la pandemia de covid-19. Un anticipo de ese borrador fue publicado el pasado domingo por 'El Día' y 'La Provincia'.
Esa primera propuesta del dictamen, que ahora será debatida por los partidos presentes en el Parlamento, centra las responsabilidades políticas de lo ocurrido en el entonces presidente Ángel Víctor Torres y los consejeros de Sanidad de aquel momento -en concreto, Julio Pérez, y Blas Trujillo-. Pero también señala expresamente cómo la que fuera directora de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, y el director de este organismo, Conrado Domínguez, tuvieron un papel clave en un contrato que fue un absoluto fiasco: el de RR7 United, empresa de compraventa de coches que recibió 4 millones de euros por la entrega de un millón de mascarillas, material que nunca se entregó y dinero que no se ha recuperado. Ese caso continúa bajo investigación judicial en la Fiscalía Europea.
El contrato fallido
El borrador del dictamen es contundente en su valoración sobre ese contrato con RR7: «Constituye uno de los episodios más graves y paradigmáticos de la falta de control en la gestión de recursos públicos durante la pandemia de la covid-19 en el Servicio Canario de la Salud. El expediente evidencia que ante una situación dramática y de mercado 'salvaje' como se llegó a definir por varios comparecientes, hubo una gestión imprudente y sin las debidas garantías administrativas , con consecuencias económicas claras para la Hacienda Canaria así como para la salud pública al no conseguir finalmente el material sanitario habiendo desembolsado todo el dinero».
No solo se alude a la falta de garantías sobre RR7 dada su inexperiencia en el campo sanitario, sino que se cuestiona la cuantía pactada por el millón de mascarillas: «La adquisición a 4 € por unidad evidencia un sobreprecio significativo , sin justificación suficiente que explique por qué se optó por una opción más costosa que otras operaciones contemporáneas en el propio SCS».
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A la hora de valorar el papel de Pérez, se habla de «falta de diligencia», al asumir «personalmente múltiples actos administrativos claves en la tramitación del expediente, incluyendo la firma de la adjudicación, los pagos anticipados y las gestiones posteriores con aduanas para liberar el material incautado». Y agrega el borrador del dictamen: Estamos ante un claro error de omisión del deber de control y si no fue así, estamos como poco, ante una actitud que bien merece un reproche político e inclusive de otra índole ajena a esta comisión».
Se subraya asimismo que la entonces directora de Recursos Económicos tuvo «una participación directa en la interlocución con intermediarios ajenos a la administración, como D. Rayco [dueño de RR7], valiéndose de su correo institucional para coordinar estas acciones sin dejar constancia formal adecuada en el expediente».
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Seguidamente, la propuesta de dictamen pone en el punto de mira también a Conrado Domínguez como superior inmediato de Ana María Pérez: «Aunque se invoque la urgencia como atenuante de cualquier dejación de los controles mínimos exigidos en cualquier entorno más normal, la ausencia de mecanismos mínimos de verificación, la autorización de pagos indebidos y la elección de un proveedor sin solvencia contrastada reflejan una preocupante dejación de funciones por parte de Dña. Ana María Pérez Afonso y una falta de control in vigilando de sus superiores directos que así lo permitieron. Tal actuación no solo permitió la pérdida de 4 millones de euros públicos sin contraprestación efectiva, sino que además compromete la credibilidad de la administración sanitaria y evidencia la necesidad de reformar los protocolos de contratación en situaciones de emergencia».
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