Pérez: Los acuerdos del consejo de gobierno del Cabildo «parece que no se ajustan a Derecho»
crisis política ·
Administraciones Públicas examina los acuerdos para formular una impugnacion judicial. Hasta ahora, el Gobierno ha recurrido 48 actos de los cabildos y ayuntamientos. El consejero afirma que son «indiscutiblemente contrarios al sentido común y a las reglas democráticas esenciales»
Los acuerdos tomados en el consejo de gobierno del Cabildo de Fuerteventura con sólo dos miembros «parece que no se ajustan a Derecho» a la vista de los informes jurídicos, aunque también tengan informes a favor. Julio Pérez, consejero de Administraciones Públicas, lo deja claro en la contestación en el Parlamento de Canarias a una pregunta de la diputada y consejera majorera Sandra Domínguez sobre la legitimidad de las decisiones tomadas en los tres consejos celebrados con sólo el presidente Sergio Lloret y el consejero Juan Nicolás Cabrera, que forman un gobierno de minoría frente a los 21 consejeros sentados en la oposición.
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Los acuerdos son, «como mínimo, discutibles desde el punto de vista legal» subrayó el consejero, e «indiscutiblemente contrarios al sentido común» porque resulta imposible que en primera convocatoria del consejo de gobierno «se exija menos mayoría y menos concurrencia de vocales que en segunda». Pérez añadió además que los acuerdos de las tres sesiones celebradas hasta ahora contravienen un principio básico, dos no hacen colegio, es decir no puede haber un órgano colegiado de dos personas; «y contravienen una regla democrática esencial que es que dos personas no pueden gobernar una Corporación de 23 miembros».
Por eso, confirmó que el Ejecutivo examina estos acuerdos «con interés y con preocupación», pero avisó de que el límite para que el Gobierno intervenga y lo impugne reside en «nuestras propias competencias, es decir si pudiéramos, seguramente lo haríamos», pero ahora mismo su consejería está examinando para formular la impugnación judicial correspondiente, anunció Pérez en el Parlamento.
El consejero de Administraciones Públicas reiteró a la parlamentaria Sandra Domínguez que el Ejecutivo no puede entrar en asuntos que no son de sus competencias, «pese a que repito que parece que contravienen normas jurídicas y democráticas e, insisto, el puro sentido común». De ahí que Julio Pérez da fe de que el Gobierno autonómico hace constar su incomodidad, prueba de ello es que en estos años ha recurrido 48 actos de los ayuntamientos y los cabildos, de los cuales 17 se han podido resolver y se ha producido una rectificación.
«No dudaríamos en impugnar esos acuerdos, pero sólo en el ámbito de nuestras competencias», concluyó.
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