Amnistía: la acogida de migrantes en Canarias sigue siendo indigna

Una delegación de Amnistía Internacional ha visitado esta semana Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria, entrevistándose con decenas de personas migrantes y solicitantes de asilo, así como con autoridades estatales y a nivel autonómico e insular, fiscalías territoriales, colegios de abogados y otras organizaciones, si bien no ha podido acceder a los centros de las dos primeras islas por motivos sanitarios alegados por la Consejería regional de Sanidad, según asegura que le han explicado desde Migraciones.

Amnistía Internacional está realizando un informe detallado de este viaje, aunque adelanta su preocupación por las condiciones de acogida y advierte de que «la covid-19 no puede ser una excusa para restringir derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo en Canarias».

Sobre la situación en Fuerteventura y Tenerife, la investigadora Virginia Álvarez «confirma las informaciones sobre las malas condiciones de acogida en los centros de emergencias».

Lamenta que no hayan podido visitar los macrocentros de El Matorral (Fuerteventura) y Las Raíces (Tenerife), pero señala que la información que han recabado «también confirma las graves carencias que tienen, ya que no se garantiza, en muchos casos, una acogida en condiciones dignas».

«Es urgente que se tomen medidas para garantizar condiciones de vida digna y que se vele tanto por su bienestar físico como mental», explica.

Según Álvarez, «ha sido especialmente alarmante observar las condiciones en las que se encuentra el lugar donde tanto las personas que han dado positivo en covid como sus contactos directos pasan la cuarentena en Fuerteventura», la denominada Nave del Queso.

«Es un lugar que no reúne las mínimas condiciones sanitarias necesarias; hombres, mujeres y niños permanecen en condiciones deleznables, sin mínimas medidas de higiene, privados de libertad, hacinados, en unas circunstancias que para la organización podrían considerarse de infrahumanas», asevera.

Además, reclama con urgencia que los recursos habilitados para las personas con especial vulnerabilidad, como mujeres que han sido víctimas de violencia de género, posibles víctimas de trata, menores no acompañados, personas LGBTI, personas que han sufrido tortura y familias monomarentales, garanticen una atención especializada.

En relación a los niños y niñas, la ONG considera que «las autoridades deben evaluar si se están adoptando las medidas adecuadas que garanticen el bienestar integral que todo menor requiere sin ningún tipo de discriminación».

Y plantea su traslado a recursos adecuados, ya sea en Canarias o en cualquier otra comunidad autónoma.

«Es necesaria una mayor coordinación entre las diferentes administraciones, tanto a nivel estatal como autonómico y local, asegurando criterios homogéneos que eviten la arbitrariedad en las distintas fases de atención y protección a las personas migrantes y refugiadas, especialmente para aquellos casos en los que se están llevando a cabo buenas prácticas», asevera.

Con respecto a Gran Canaria, considera positivo que se hayan realizado mejoras en su centro de emergencias en relación a la acogida, pero cree que debe dotarse de suficiente personal para asegurar que se cubre el derecho a información, asistencia letrada o psicológica, si la requieren, de sus usuarios.