300 personas tienen implantadas prótesis defectuosas en Canarias

Alrededor de 300 personas pueden tener en Canarias prótesis defectuosas, pero solo 40 de ellos están detectados. Algunos llevaron los implantes y, al cabo de los años, se los sustituyeron, pero otros aún los tienen en su cuerpo. Unos y otros sufren las secuelas que les provocaron y, además, tienen que «pelear» con las compañías fabricantes de las prótesis para que no solo asuman la retirada de los implantes de cadera, rodilla o columna, sino las correspondientes indemnizaciones.

En el año 2010 se dejaron de implantar en Canarias las prótesis defectuosas de Johnson&Johnson distribuidas por su filial Depuy y ese mismo año se iniciaron las primeras retiradas a pacientes afectados. Pero en los casos en los que ha sido necesario acudir a los tribunales, la acción legal para los pacientes se vio conclusa en agosto de 2017 en tanto que ya habían transcurrido los 10 años que la legislación española establece para reclamar, aunque, según explicó ayer el especialista en derecho sanitario Emilio Ortiz, «existen otras vías de reclamación» que su despacho de abogados lleva años denunciando, vinculadas al escaso rigor de las certificaciones de calidad de los implantes, y que ahora la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha desvelado, evidenciando fallos en el control de implantes e irregularidades en todo tipo de prótesis que habrían causado 5,4 millones de incidentes en todo el mundo, 25.000 en España (3.000 detectados).

Los canarios a los que se implantaron prótesis defectuosas fueron intervenidos en «la mayoría de hospitales de Canarias», ocho en total, públicos y privados. Hay casos en los que un solo cirujano ha implantado 110 prótesis (algunas bilaterales) a 100 pacientes, explicó ayer Ortiz, de ahí que extrapolando la cifra al resto de centros calculé que los afectados puedan incluso superar los 300.

El abogado, que logró la primera condena de Europa para una víctima de prótesis defectuosa implantada en España, compareció ayer acompañado por Bruno Zerpa, un paciente tinerfeño afectado cuya sentencia ganó en primera instancia y ahora está recurrida en el Tribunal Supremo. El juicio de Bruno Zerpa fue «histórico», según Ortiz, porque declaró el presidente de la compañía fabricante de las prótesis.

Zerpa tuvo la suerte de que le extrajeron la prótesis de cadera defectuosa antes de que la fricción metal-metal de las dos piezas implantadas contaminara su sangre con cromo y cobalto, pero «vivir sabiendo que te puedes contaminar fue terrible», aseguró.

Pedro Pérez, otro denunciante de Johnsos&Jahonson que también acompañó al abogado, no ha tenido tanta suerte. La prótesis que le implantaron en la cadera tras un accidente laboral le ha «cambiado la vida». La hinchazón, los dolores y la retención de líquidos desvelaron unos niveles de contaminación de cobalto y cromo «muy elevados». Además, para cuando le sustituyeron la prótesis, el tejido de alrededor y el hueso estaban afectados, con lo que ahora tienen que volver a extraerle la pieza y sustituírsela por otra que va desde la cadera hasta la rodilla. Está en lista de espera para la operación porque el fabricante ya no se hace cargo de la sustitución, sino la Sanidad canaria.

Emilio Ortiz denunció que Europa y España son «un coladero» de elementos protésicos que desde 2009 están prohibidos en países como Estados Unidos o Australia y reclama al Ministerio de Sanidad y al Unión Europea que «ampare a los afectados» algo, dijo, que con la actual normativa «no se hace los suficiente».

Y avanzó que, pese a que transcurridos 10 años no cabe reclamación al fabricante, hay nuevas vías «al constatarse por investigaciones de índole internacional que la certificación de estas piezas no es tan rigurosa como se planteado» y desveló que «ni siquiera tienen el sello CE».

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