La Disciplinaria del CGPJ rechaza suspender a la juez Rosell

Según una nota remitida ayer por el órgano de gobierno de los jueces, los miembros de la Comisión Disciplinaria no consideraron acreditado que Rosell interviniera en un procedimiento judicial en el que había sido recusada, tal y como sostenía el Promotor Antonio Fonseca-Herrero, que proponía sancionar a la magistrada con un mes de suspensión de funciones. La Fiscalía, representada en el expediente por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, pedía la misma sanción para la juez.

Los votos contrarios a la decisión de la mayoría corresponden al presidente de la Comisión Disciplinaria, Wenceslao Olea, que ha anunciado voto particular, y la vocal Carmen Llombart.

El expediente ahora archivado tuvo su origen en una comunicación de la Fiscalía del Tribunal Supremo que el 8 de abril de 2015 remitió al CGPJ un escrito presentado ante la Fiscalía de Las Palmas de Gran Canaria por el abogado Eduardo López Mendoza, en el que éste denunciaba a la magistrada, entonces diputada en el Congreso por Podemos, por varios delitos. El fiscal no vio motivos para abrir una investigación penal y acordó su archivo, pero la remitió al Consejo por si pudiera tener algún recorrido a efectos disciplinarios.

En síntesis, lo que alegaba López Mendoza es que a raíz de una denuncia en la que se le acusaba a él de estafa procesal, se le habían abierto diligencias previas ante el Juzgado de Rosell, y él había planteado un incidente de recusación contra ella (que finalmente fue desestimado), pero mientras se tramitaba la recusación la juez le había tomado declaración. El Consejo ha aclarado ahora que la actuación de Rosell frente a este investigado no merece reproche.

Victoria Rosell no dudó en afirmar ayer, en conversación con este periódico, que el abogado que la denunció y actuó en el expediente como acusador particular, Eduardo López Mendoza, es «amigo íntimo» del magistrado Salvador Alba, y aseveró que en la denuncia que dio lugar a su expediente «hubo un acuerdo entre esas dos personas del que hablé a Fonseca».

Una firma. La magistrada Victoria Rosell calificó ayer de «causa tonta» su expediente y afirmó que lo único que había hecho había sido «firmar la suspension» de la declaración de López Mendoza, es decir, dar fe por escrito de que no se le tomaba declaración por estar pendiente de resolución un incidente de recusación contra ella.

Pruebas. La juez apuntó que la denuncia de Mendoza «no es que fuera incorrecta es que era falsa», y recordó que se la interpuso cuando era diputada. «Pero lo que no se esperaba ni él, ni Alba ni Soria»; enfatizó, «es que yo regresara al Juzgado y pudiera defenderme, porque gracias a que he vuelto y he tenido acceso a toda la documentación, hemos podido demostrar, los funcionarios y yo, que ese día en el que decían que estaba tomándole declaración a ese señor [11 de noviembre de 2014], estuve hasta las 11.30 ó 12 de inspección en el CIE de Barranco Seco, y después, cuando volvimos al Juzgado, teníamos detenidos y declaraciones, y viendo las horas registradas en Atlante, que son inmodificables, se prueba que no es cierto que estuviera donde él dice».

Trato. La juez recordó que cuando prestó declaración como expedientada ante Antonio Fonseca-Herrero, le informó de que, a su juicio, Mendoza y Alba era amigos y «tenían un acuerdo». «Y me dijo que no tenía nada que ver con el asunto, con mi expediente, cuando era evidente, a todos los del Juzgado nos se lo parecía así».

Agravio. Rosell recordó que Fonseca había permitido a Mendoza personarse en el expediente como acusador e interrogar a testigos mientras a ella le había denegado la condición de perjudicada, y recordó que había dado más crédito al abogado que al hoy exsecretario judicial del Juzgado de Instrucción 8, que avaló la versión de hechos de la magistrada.

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