La jueza apunta la imputación de Clavijo y eleva el caso grúas al TSJC

La jueza que hasta este viernes instruía el caso grúas ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la causa ante su incompetencia para tomar declaración al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, por su condición de aforado. La magistrada se ciñe a los argumentos de la Audiencia Provincial para soltar el caso.

En el auto de inhibición en favor de la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, la magistrada Celia Blanco apunta claramente a Fernando Clavijo como «el otro investigado» y explica que eleva toda la documentación tras recabar los expedientes administrativos, oír a los testigos y «citar al investigado para el que se es competente». Ese otro investigado es el portavoz de CC en el Ayuntamiento de La Laguna, Antonio Pérez Godiño, al que el pasado jueves llamaba para tomar declaración para el próximo 4 de diciembre.

En el auto de traslado del llamado caso grúas a la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJC, fechado ayer mismo, la magistrada reproduce punto por punto el auto de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que revocaba el sobreseimiento provisional que ella dictó del caso, obligándola a seguir la instrucción de la causa.

Entiende Celia Blanco que oídos los siete antiguos propietarios de Autogrúas Poli SL, que reconocieron su amistad con Fernando Clavijo, y recabando los documentos pertinentes, puede elevar la causa al TSJC ante la evidencia de su incompetencia para tomar declaración a Clavijo.

Llama la atención que un día antes de trasladar la causa al TSJC citara a declarar como imputado a Pérez Godiño y a los dos técnicos que gestionaron el servicio de grúas cuando el Ayuntamiento rescató provisionalmente la concesión en 2014.

Fernando Clavijo y el actual alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, fueron denunciados en abril pasado por Unid@s se Puede y Por Tenerife-NC ante los tribunales por sus actuaciones en todo lo referente a la privatización del servicio municipal de grúas, que se remonta al año 2005, cuando el ahora presidente del Gobierno era concejal de Seguridad, con la diputada Ana Oramas como alcaldesa de La Laguna. Los denunciantes creen que tanto Clavijo como Díaz incurrieron con sus respectivas actuaciones en los presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencia, todos incluidos en el catálogo de delitos vinculados con la corrupción.

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