Gobierno y Parlamento admiten currículos sin estar verificados

La Ley Canaria de Transparencia y de Acceso a la Información Pública obliga a las Administraciones a difundir en sus paginas electrónicas institucionales la trayectoria académica de los altos cargos nombrados pero ni en el Gobierno, ni en el Parlamento se exigen los documentos que acrediten el contenido de los currículos.

Exconsejeros del Gobierno autonómico aseguran que cuando fueron nombrados nadie les pidió documentos compulsados de las titulaciones que aseguraban tener. Eso sí, firmaban «declaraciones responsables» mediante las cuales cada alto cargo asume «personalmente» que lo que pone en su trayectoria académica y profesional lo puede probar.

Ese tipo de declaración también incluye los formularios que se rellenan sobre el patrimonio y bienes.

En el Parlamento, no existe esa declaración responsable.

El portal de transparencia del órgano legislativo publica los méritos académicos de los diputados, pero ninguno tiene la obligación legal de tener acreditado lo que sostiene.

Algunos parlamentarios confiesan incluso que no tuvieron ni que mandar a la Cámara un resumen de sus trayectorias académicas; «de repente apareció publicado en la web», afirma una diputada que ha pasado por el Congreso de los Diputados.

Aunque en la Cámara Baja tampoco hay obligación legal de tener verificados los currículos, sus señorías sí que deben entregar personalmente un resumen curricular.

Por todo ello, diputados autonómicos se empiezan a plantear la necesidad de que la Mesa establezca algún tipo de mecanismo que asegure la veracidad de los currículos publicados. Todo ello, a resultas del caso de Cristina Cifuentes, que no ha dejado de estar en boca de los altos cargos que estos días circulaban por los pasillos del Parlamento.

De todos modos, el artículo 19 de la Ley Canaria de Transparencia precisa que se publicarán y actualizarán los «méritos académicos acreditados».

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