El PP pide eximir de IBI a los inquilinos de vivienda pública

El Partido Popular (PP) plantea modificar la Ley de Vivienda para que el Gobierno autonómico asuma el pago del impuesto de bienes inmuebles (IBI) en aquellos casos en los que alquile vivienda de promoción pública.

La modificación legislativa que ha visto la Mesa del Parlamento incluía el rechazo del Gobierno a su tramitación, alegando no tener competencias para ello. Sin embargo, la diputada del PP, Josefa Luzardo, pone el ejemplo de la Comunidad Autónoma de Madrid, trasladando su regulación actual al texto de la proposición de ley.

En el artículo único que se pretende cambiar establece que en los contratos que firmen los adjudicatarios de vivienda de promoción pública no podrán fijar la «obligación a cargo del arrendatario de la asunción del abono del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, aunque sí la tasa por recogida de basura y la tasa por la entrada de vehículos por la vía pública y, en su caso, los deberes que se deriven de las ordenanzas municipales».

En la actualidad, la Ley de Haciendas Locales obliga a los arrendatarios de vivienda pública a afrontar el pago del IBI, sin excepciones. Su modificación solo puede llevarse a cabo en el Congreso de los Diputados, al tratarse de legislación básica. Sin embargo, Luzardo alude al caso de Madrid.

Esta comunidad autónoma aprobó en 2017 que el organismo autónomo de vivienda pagara el IBI: «En el supuesto de arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda y anejos, la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid efectuará una reducción por importe equivalente al cien por 100 de la cuantía repercutida en concepto de cuota líquida del Impuesto de Bienes Inmuebles».

De esta forma, el PP traslada dicha regulación a su proposición de ley: «será el Instituto Canario de la Vivienda quien asuma, como propietario de aquellas viviendas, el impuesto sobre bienes inmuebles».

Los conservadores plantean la introducción de un «mecanismo compensatorio consistente en una reducción por importe equivalente al cien por cien de la cuantía repercutida en concepto de cuota líquida del impuesto sobre bienes inmuebles, extendiéndose a las cuantías no prescritas conforme al artículo 1966 del Código Civil».

Luzardo calcula que unas 25.000 viviendas podrían salir beneficiadas si se aprobara la proposición y el coste oscilaría entre tres y cuatro millones de euros.

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