El Parlamento y la Fecam no contemplan ERTE públicos
Los grupos políticos coinciden en que la prioridad, además de atender la crisis sanitaria, debe ser establecer medidas para mantener la actividad económica y el empleo. Consideran que los servicios públicos están haciendo un sobreesfuerzo
La mayoría de los grupos parlamentarios así como la Federación Canaria de Municipios (Fecam), no contemplan que las administraciones públicas tengan que recurrir a expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE), como puso sobre la mesa el dirigente gomero, Casimiro Curbelo, o incluso que se adopten otro tipo de medidas como la revisión salarial de los empleados públicos, aunque reconocen que esta es una iniciativa que corresponde al Estado. Por el contrario, mantienen que se deben dedicar todos los esfuerzos a combatir la crisis sanitaria y a paliar los estragos que la pandemia dejará tanto a nivel económico como social, aunque el parón de la actividad y la reducción de los ingresos tributarios provocarán una merma en la liquidez de las administraciones públicas.
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La presidenta y portavoz parlamentaria del Partido Popular, Australia Navarro, se mostró contundente al rechazar las «ocurrencias e improvisaciones del Gobierno y sus socios». La propuesta de Curbelo demuestra dijo, la «descoordinación» existente y demandó un plan para reactivar la economía y fortalecer el tejido productivo de las islas cuando se ataje la emergencia sanitaria que debe ser, insistió, la prioridad. A su juicio, «no es momento de improvisar propuestas que generan más incertidumbre», sino de proponer iniciativas que garanticen el modelo productivo y el empleo.
También Luis Campos, el portavoz de Nueva Canarias, sostiene la importancia de salir de la pandemia «salvaguardando» el empleo. La posibilidad de un ERTE en la administración «no lo contemplamos», dice, pero sí entiende que es necesario seguir implementando medidas para afrontar una situación difícil y de cara a escenarios «futuros complicados». Entre éstas, insistió en la importancia de poder contar con el superávit y un mayor endeudamiento que permitiría dar liquidez a las administraciones y «garantizar el bienestar social».
En este punto coincide con el portavoz de Podemos, Manuel Marrero, que afirma que «no se puede salir de esta crisis con las mismas recetas que en 2008, cargando todo sobre las espaldas de los trabajadores», por lo que no contempla que se produzcan ERTE en los servicios públicos. En caso de que fuera preciso, señala, «habría que tocar la fiscalidad». Considera además que Bruselas debería implicarse «con medidas más profundas para salvar el empleo» e indica que habría que poner sobre la mesa la posibilidad de prolongar los ERTE.
Por su parte, el portavoz adjunto de Coalición Canaria, Pablo Rodríguez, tampoco ve un ERTE en la administración y apunta a una «reorientación del presupuesto a lo esencial, la sanidad, el bienestar social y ayudar a los sectores productivos a mantener la actividad y el empleo». Además, entiende que la plantilla pública está haciendo un «sobreesfuerzo» en estos días, no solo los sanitarios sino también los de educación, el personal que gestiona los ERTE o los asuntos sociales. «No se entendería que se produjeran recortes».
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Desde la Federación Canaria de Municipios (Fecam), su presidenta, María Concepción Brito, apunta que las medidas que se apliquen en las administraciones públicas deben tener carácter estructural y por tanto, «debe ser el Gobierno quien las aplique en todos los niveles de la administración». Hace hincapié en que ahora mismo la prioridad es centrarse en las medidas destinadas a la protección social y a mantener la exigencia para que los municipios puedan gestionar sus propios fondos, que en el caso de Canarias son en torno a 4.500 millones de superávit de 2019. Son unos recursos, señala Brito, que es preciso desbloquear para destinar a gasto social y políticas de empleo. En cualquier caso, apunta que las medidas serán consensuadas.
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