CC desiste de poner un sueldo a los expresidentes por falta de apoyos
Ningún grupo parlamentario se atreve hoy en día a defender la necesidad de dotar a los presidentes autonómicos que están jubilados de unos medios y una retribución tal y como han hablado algunos diputados sobre el estatuto de las personas que ocupan cargos públicos.
Ningún grupo parlamentario está dispuesto a salir a explicar a la ciudadanía la conveniencia de dotar a los expresidentes del Gobierno de Canarias de un sueldo y montarles una infraestructura como tienen en otras comunidades autónomas.
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De hecho, ni siquiera el actual presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, lo hizo cuando fue interpelado por la portavoz del grupo Podemos, Noemí Santana, acerca de esta cuestión. En su lugar, Clavijo endosó la justificación al Parlamento y, concretamente, a su grupo.
En Coalición Canaria (CC) dan por perdida la posibilidad de incluir a los presidentes jubilados al Consejo Económico y Social (CES) para retribuirles por las «aportaciones» que podrían hacer en cualquier asunto sobre el que dictamina este órgano asesor del Gobierno. Así fue como se vistió la medida de la que, en las filas nacionalistas, reconocen que «se habló» sin que llegara a ponerse negro sobre blanco.
En el grupo Nacionalista se barajó presentar una enmienda que recogiera el estatus de los expresidentes aprovechando que todavía está abierto el plazo de enmiendas al proyecto de ley de reguladora del estatuto de las personas que ocupan cargos públicos y buen gobierno. «La enmienda no es pertinente porque no es éste el momento de conseguir apoyos suficientes», dijeron casi al unísono diputados de CC y miembros del Ejecutivo en los pasillos del Parlamento.
De todos modos, el plazo para presentar observaciones a esta iniciativa legislativa acaban el 8 de octubre y cualquier consideración podría sufrir cambios hasta entonces.
Tampoco nadie se atreve a explicar por qué se retoma ahora una ideada que ha estado presente en todas las últimas legislaturas y que ha obtenido el mismo fracaso, por ahora.
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Algunos parlamentarios apuntan a la situación en la que se encuentra el expresidente Lorenzo Olarte que lleva años reivindicando un trato «digno».
Olarte podría estar cobrando la pensión máxima a la que tienen derecho los diputados nacionales hasta 2011 puesto que formó parte del Congreso en dos períodos distintos: el primero entre 1979 y 1982 en representación de la extinta Unión de Centro Democrático (UCD) y el otro entre 1993 y 1995 por CC. Sin embargo, no estuvo el tiempo mínimo que establece el reglamento, siete años.
El caso contrario es el de Paulino Rivero que pudo estar hasta tres legislaturas consecutivas en la Cámara Baja.
Por contra, el expresidente Fernando Fernández goza de una buena retribución dado que fue eurodiputado durante tres legislaturas seguidas. También lo está Jerónimo Saavedra que, hasta pocos meses atrás, cobró como titular del Diputado del Común. No obstante, su condición de funcionario de carrera le ha permitido asegurarse una jubilación decente.
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Por el momento, Román Rodríguez tampoco pasa por dificultades económicas. Sigue percibiendo un sueldo de la política como portavoz del grupo parlamentario de Nueva Canarias.
Por último, el expresidente fallecido, Adán Martín, tuvo que afrontar gastos elevados para tratarse el cáncer que padeció en los últimos años de su vida. Esta situación le llegó a generar deudas y entre algunos de sus compañeros de filas, uno de los muchos intentos habidos para resolver la situación económica a los jefes de los ejecutivos autonómicos.
La iniciativa siempre ha partido de la formación nacionalista, a veces promovida de forma disimulada -ley presupuestaria- y otras, de forma abierta como la del año 2006.
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