Trapero, en libertad sin medidas cautelares

Según fuentes jurídicas, la Fiscalía no ha pedido ni prisión ni ninguna otra medida cautelar para Trapero ni para los otros tres investigados -la intendente de los Mossos Teresa Laplana y los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart-, por lo que todos ellos han quedado en libertad.

Antes de la comparecencia ante la juez Carmen Lamela, la Fiscalía ha aportado nueva documentación sobre los hechos del 20 y 21 de septiembre, por lo que Trapero y los otros tres investigados en esta causa podrían volver a ser citados, informaron fuentes de la Audiencia Nacional.

Esto ha provocado que algunos de los investigados pidieran la suspensión de las declaraciones, pero Trapero ha querido declarar y finalmente la juez ha optado por celebrar las comparecencias.

Trapero defendió ante la juez de la Audiencia Nacional que la actuación del cuerpo en el asedio a la Guardia Civil durante el registro a la Conselleria de Economía fue «correcta y necesaria» y denunció que no se les avisó «con suficiente antelación».

Un comunicado de los Mossos d’Esquadra difundido tras su declaración por sedición ante la magistrada Carmen Lamela afirma que Trapero ha trasladado a la juez que, al no avisarles con tiempo del registro del pasado 20 de septiembre, el dispositivo no se pudo planificar y eso «obligó a irlo adaptando en función de las circunstancias».

«La primera noticia que tuvieron los Mossos sobre la actuación policial de la Guardia Civil llegó a través de los medios de comunicación», afirma la nota en referencia al asedio que sufrieron los agentes del instituto armado y ante el que, según la Fiscalía, la policía catalana no actuó con la diligencia necesaria.

Tras Trapero ha comparecido ante la juez el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, que se ha limitado a responder las preguntas de su abogado, mientras que el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, no ha prestado finalmente declaración a la espera de estudiar la documentación aportada ayer por la Fiscalía.

Antes de Trapero, ha intervenido por videoconferencia la intendente de los Mossos Teresa Laplana, citada también hoy para declarar como investigada por sedición por el asedio a la Guardia Civil del 20 de septiembre.

La juez le ha eximido de trasladarse a la Audiencia Nacional tras acreditar la agente que padece un problema de salud que le impide desplazarse. Laplana finalmente apenas ha declarado debido a su estado de salud, según las fuentes de la Audiencia Nacional.

Tras quedar en libertad, el jefe de los Mossos ha abandonado la sede de la Audiencia Nacional en coche entre aplausos de políticos independentistas que han acudido a apoyar a los investigados en esta causa y gritos de «traidor» de un grupo de ciudadanos que se encontraba en la calle Génova.

Trapero, que estaba citado a las nueve de la mañana, llegaba media hora antes a la Audiencia Nacional vestido de uniforme, con semblante serio y escoltado a cada lado por dos comisarios de los Mossos también uniformados.

Se trata de Joan Carles Molinero, jefe de la Comisaría Superior de Coordinación Central y de Ferrán López, jefe de la Comisaría Superior de Coordinación Territorial, y a quien Trapero envió a algunas de las reuniones de coordinación policial con Guardia Civil y Policía Nacional para impedir el referéndum ilegal del 1-O.

Los Mossos ya adelantaron que Trapero sostendría en su comparecencia que la policía catalana ha cumplido «estrictamente» las órdenes judiciales y de la Fiscalía en sus actuaciones sobre el referéndum del 1-O.

En una serie de mensajes en Twitter y en una carta que la cúpula de los Mossos remitió a todos los agentes, los mandos aseguraron que el mayor aportaría toda la información sobre las actuaciones que la policía autonómica llevó a cabo en el dispositivo del 20 de septiembre.

Tras admitir la denuncia de la Fiscalía por estos hechos, la juez pidió el atestado al instituto armado, que incluye hasta seis peticiones por escrito de la Guardia Civil a los Mossos en relación con los incidentes, contestadas -en algún caso dos horas después- con escuetas respuestas de que se había dado trámite a la solicitud.

EFE

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