La indigencia en Canarias se vuelve crónica
Gran parte de las denuncias que llevan los ciudadanos hasta el Diputado del Común se producen por la gestión de las prestaciones sociales vinculadas a la indigencia. El número de afectados por la crisis no ha dejado de crecer, consolidándose así una «dependencia del sistema asistencial».
Las familias con hijos menores a cargo, que vienen padeciendo una situación de desempleo prolongado, se hacen cada vez más dependientes del sistema prestacional de los Servicios Sociales Públicos, es decir se consolida una dependencia del sistema asistencial».
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Es una de las aseveraciones que realiza el titular del Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, en el informe de la gestión que ha llevado a cabo en 2015 -se adjunta a la información- y que ayer trasladó al Parlamento.
El número de personas que viven en la indigencia no ha dejado de crecer y la Administración pública sigue teniendo problema para darles respuesta. Por eso, en 2015 el Diputado del Común observa un «incremento del número de quejas presentadas», de 99 denuncias en 2014, el año pasado se cerró con 114.
El área que engloba Dependencia, Mayores, Menores y las propias Políticas Sociales suman 427 quejas, un 26,63% de los 1.603 procedimientos cursados por el Diputado del Común en 2015.
En el informe, se indica que la dependencia del sistema público de asistencia social, pone de manifiesto la «insuficiencia económica y de medios humanos, especialmente técnicos sociales».
En este sentido, «destacaremos un año más, el problema reiterado que padecen los ciudadanos para acceder de modo efectivo a la Prestación Canaria de Inserción (PCI)», subraya el Diputado del Común, «debido a la demora e incumplimiento de los plazos previstos por ley.
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A pesar de que Saavedra reconoce que la consejería se ha «puesto al día con los pagos», en el informe se resalta que «esta problemática, constituye el 60% de nuestro trabajo».
Se llama la atención cómo la Administración suspende el pago de la PCI -en algunos casos siendo un «ingreso mensual único»- sin previo aviso.
Si el Gobierno suspende la PCI por agotamiento del crédito, pasa lo mismo con las ayudas sociales de los ayuntamientos. Así, «vuelve a plantearse por los ciudadanos el problema de la excesiva demora en el efectivo cobro de las ayudas sociales tramitadas, y que aún siendo calificadas como de primera necesidad, éstos se ven obligados a largos plazos de espera», denuncia la institución. Por todo ello, Saavedra insta a las instituciones a un «mayor esfuerzo» en estos temas.
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