La devolución de competencias: la crisis reabre un debate recurrente

La propuesta que este martes ha lanzado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, de devolver competencias autonómicas al Estado ha abierto el debate sobre este asunto ante la evolución de la crisis, aunque no es nuevo.

Ya en verano pasado, el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, del PP, apuntaba en los cursos de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) la posibilidad de devolver Sanidad y Educación si no había más fondos para prestar estos servicios.

Este martes, Aguirre ha propuesto a Rajoy que el Estado asuma las competencias de Sanidad, Justicia y Educación, y los ayuntamientos, las de Transportes y Servicios Sociales, lo supondría un ahorro de 48.000 millones de euros para las autonomías.

Más tarde, Rajoy ha expresado en el Pleno del Senado, pero sin referirse a la propuesta de Aguirre, su total acuerdo con el actual modelo autonómico y ha asegurado que ni lo discute ni se plantea un debate sobre el mismo.

Desde el inicio de la crisis, en más de una ocasión se ha planteado un debate sobre la sostenibilidad, eficacia y coste de las comunidades autónomas.

Así, el 14 de enero del año pasado el expresidente del Gobierno José María Aznar dijo que el Estado tal y como está configurado en la actualidad no era políticamente viable y era "financieramente absolutamente inviable".

Fue el entonces jefe del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien le respondió al señalar que el modelo estaba en "vigor" y tenía "vitalidad", aunque reconoció la necesidad de austeridad y eficiencia.

Tras esta polémica, la mayoría de las comunidades autónomas rechazaron en general cualquier paso atrás en el modelo, aunque sí veían pertinente llevar a cabo ajustes.

La preocupación fue más explícita en las denominadas comunidades históricas. Así, el entonces presidente de CiU y hoy presidente de la Generalitat, Artus Mas, replicó que Cataluña se defendería de los "intentos armonizadores" y Andalucía dejó claro que se opondría a la pérdida de peso político de las autonomías.

En esas fechas, el País Vasco defendió el pleno desarrollo del Estatuto de Gernika y en septiembre de 2011 el lehendakari, Patxi López, arguyó que las comunidades debían establecer prioridades en su gestión para reducir el déficit y opinó que "lo que no pueden hacer ahora es tratar de devolver competencias".

Pero antes, el 27 de julio, el Consejo de Política Fiscal y Financiera fue escenario de esta polémica. Esperanza Aguirre defendió conformarse "con mantener las competencias de Sanidad, Educación, Transporte y Atención a la Dependencia y que cedería las demás", mientras que tanto Castilla y León como Extremadura desecharon devolverlas.

El exportavoz del PP y hoy vicesecretario general de Estudios y Programas del partido, Esteban González Pons, planteó un mes más tarde la posibilidad de un pacto que permitiera al Estado recuperar competencias.

También el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, entró en el debate y abogó por un "gran acuerdo nacional" sobre las competencias y recursos que necesitan las autonomías para, en último término, evitar retrotraerlas al Estado central.

Desde la Generalitat valenciana, su presidente, Alberto Fabra, consideró necesario "revisar todo el panorama competencial" español. "O nos dan dinero para hacer adecuadamente nuestras competencias o tenemos que revisar el mapa competencial", remarcó.

De forma similar volvieron a pronunciarse Esperanza Aguirre y el entonces líder del PP canario y hoy ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.

Mientras, la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, dijo en diciembre pasado que no era partidaria de devolver competencias, en tanto que el jefe del Ejecutivo de Baleares, José Ramón Bauzá, apostó por definir bien la gestión de competencias.

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