Canarias investigará "con independencia"

El Servicio de Defensa de la Competencia de Canarias investigará el pacto de precios entre los operadores de productos petrolíferos denunciado por la Cámara de Comercio «desde la más absoluta independencia y objetividad», según indicaron ayer fuentes del Gobierno de Canarias que zanjan así cualquier duda a su labor.

El Servicio de Defensa de la Competencia mantendrá un estricto respeto a los principios que rigen su funcionamiento para que se desarrolle correctamente la instrucción de este expediente». De esta forma zanjaban ayer fuentes del Gobierno de Canarias cualquier tipo de duda sobre la independencia o la capacidad de este órgano regional para investigar el posible pacto de precios entre los grandes operadores petrolíferos en las Islas -Disa, BP y Repsol-, denunciado por la Cámara de Comercio de Gran Canaria.

El expediente aún no ha llegado al Servicio de Defensa de la Competencia de CanariasUna vez se registre, el órgano regional debe decidir en primer lugar si acepta esta instrucción o no. Fuentes cercanas aseguraron que la respuesta será positiva dado el alcance de los hechos denunciados. A continuación hará una investigación y elaborará un informe con una propuesta de resolución que será remitido a la CNMC. Finalmente, será el supervisor nacional quien resuelva, indican estas fuentes, que explican la propuesta remitida por el organismo autónomo no siempre coincide con la resolución de la CNMC.

Desde el Gobierno de Canarias se aseguró que la remisión del expediente por parte de la CNMC al organismo regional es una práctica habitual puesto que los hechos denunciados se circunscriben al ámbito autonómico.

Según explicaron, el artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Canarias recoge que las competencias de comercio interior y defensa del consumidor le corresponden a la comunidad canaria. Asimismo permite la creación de un órgano regional de supervisión, que está regulado por la ley estatal 15/2007. Una norma que recoge que «serán las comunidades autónomas las que deben desarrollar la instrucción de los casos que afectan significamente a su ámbito territorial», según señalan estas fuentes.

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