Urbanismo no anula la licencia del Canódromo
Desactivada pero vigente. Así considera el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que se encuentra la licencia del Canódromo en virtud de los procedimientos judiciales abiertos. Sin embargo, los vecinos advierten que, de no anularla, podría aumentar la cuantía de la indemnización que pudiera pedir Realia.
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, aseguró que aunque le gustaría que desapareciera la torre levantada por Realia en el solar del Canódromo, el Consistorio se opuso a la presentación del recurso de casación por parte de los vecinos de Schamann por el principio de unidad de actuación de la administración. En otras palabras, por no contradecir todo lo que había venido defendiendo hasta ahora en los tribunales.
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«Eso está en el Tribunal Supremo», dijo en relación a la noticia adelantada por CANARIAS7 respecto al hecho de que el Alto Tribunal haya decidido aceptar el recurso de casación planteado por la asociación de vecinos Ciudad Alta (Avecalta), con lo que se revisará si hubo arbitrariedad o falta de justificación en el cambio de planeamiento que permitió la operación urbanística. «Hasta que no se pronuncie el Supremo no podremos mover ficha», señaló el edil.
Los vecinos, por su parte, creen que es hora de actuar. Su abogado, Yeray Alvarado, explicó que «mientras no se declare la caducidad de la licencia, la cuantía de la indemnización que podría pretender Realia seguiría aumentando. Sin embargo, la mercantil carecería de argumentos para reclamar indemnización alguna si se caducara la licencia, en tanto que la ha dejado morir en base a criterios empresariales, adoptados en un escenario de crisis inmobiliaria».
Las diferencias entre el Ayuntamiento y los vecinos son patentes en este asunto. «Pese a la postura vecinal, los servicios jurídicos municipales consideran que la licencia está suspendida por decisión judicial», expuso el concejal de Urbanismo, «pero no podemos declarar caducado el permiso». El argumento de los letrados municipales ha sido que la causa de la paralización de la obra no es imputable al titular de la licencia y, por tanto, «no concurren los criterios exigidos para declarar la caducidad de la licencia».
El grupo municipal de gobierno detalló que no consta la petición de una indemnización por parte de la constructora. En todo caso, el concejal de Urbanismo dibuja un escenario complicado para la ciudad. «Vamos a perder seguro porque si gana la empresa, vamos a tener dos mamotretos y vamos a perder espacio público; y si ganan los vecinos, se abrirá la posibilidad de indemnizar a la empresa», confesó Doreste. El edil recordó que el Canódromo «es otra herencia más del gobierno de Soria».
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Freno a las torres.
La asociación de vecinos Avecalta entiende que «no tiene ninguna lógica que el TSJC desestime el recurso de los vecinos contra el Plan General, sabiendo como sabía que el Tribunal Supremo ya ha declarado por sentencia firme de 2014 que esa ordenación es inmotivada, arbitraria y nula». La asociación no acepta que «por un tecnicismo muy discutible, el Tribunal Autonómico se haya lavado las manos y no haya entrado en un argumento jurídico –el de la falta de motivación de la ordenación del Canódromo-, sobre el que se han podido pronunciar todas las partes en el procedimiento, absolutamente decisivo para la resolución del pleito, si se considera que es precisamente esa la opinión del Tribunal Supremo. La preocupación vecinal se centra en salvaguardar a la ciudad de tener que abonar a Realia una indemnización. Por eso, pide al Ayuntamiento que defienda el interés general sobre el particular de la empresa Realia, primero impidiendo que se consume la edificación de las torres, y segundo, declarando la caducidad de la licencia que ampara su construcción, que inhabilite a la mercantil para pedir ser indemnizada.
«Es absolutamente imprescindible que el Ayuntamiento declare de una vez la caducidad de la licencia de construcción de las dos torres concedida en 2006, y prorrogada en 2008 por dos años más, plazo que ha vencido desde hace más de siete años. Mientras el Ayuntamiento no declare la caducidad de la licencia de obras, Realia podría seguir avanzando en la construcción y materializando edificabilidad, que luego si se ordena demoler, debe ser indemnizada por el Consistorio», advirtió el abogado de Avecalta, Yeray Alvarado, «si no lo hace, la cuantía de la indemnización que podría pretender Realia seguiría aumentando».
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