Padrón denuncia que el tripartito desprotege el Santa Catalina
El anterior gestor pide que se anulen las normas específicas aplicables al edificio porque responden al «interés privado» de Barceló y alerta que, de facto, se descataloga el edificio, algo «prohibido»
El empresario y anterior gestor del hotel Santa Catalina, Manuel Padrón, en representación de la empresa Pama e Hijos, ha presentado un escrito de alegaciones contra la aprobación inicial de las normas específicas aplicables al establecimiento hotelero, una especie de plan especial que determina lo que puede y no puede hacerse. Se trata, por tanto, de un documento clave porque determina el proyecto final de reforma que Barceló -el nuevo adjudicatario- se ha comprometido a realizar para modernizar las instalaciones.
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El escrito de Pama e Hijos, presentado en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el pasado miércoles, 2 de mayo, arroja dudas sobre la legalidad de las determinaciones formuladas por el Consistorio capitalino.
«La modificación normativa aprobada de forma inicial, sobre la que se efectúan las presentes alegaciones, no obedece a un interés general o público, sino al privado y particular de la hoy adjudicataria de atender su necesidad de adecuar a la legalidad el proyecto que le ha sido aprobado», recoge el escrito.
Para Padrón, esto viene «a confirmar de modo incontestable que el mismo -se refiere al proyecto de Barceló- resultaba incompatible con la normativa existente y contradecía el ordenamiento urbanístico vigente».
El empresario canario no solo se pregunta por el hecho de que la aprobación de las normas específicas se hubiera hecho después del concurso, sino que también arroja dudas sobre la legalidad del procedimiento que acabó con la adjudicación a Barceló de la gestión del Santa Catalina. «Si no, a qué obedece esta ultrarrápida modificación, curiosamente justo después de la adjudicación del concurso y apenas un mes antes de que comiencen las obras de reforma, ello además de otras conductas anómalas e irregulares que llevan al dicente a sospechar de la existencia de negociaciones prohibidas con resultado de perjuicios millonarios para terceros», denuncia.
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Una reforma imposible
Padrón da un paso más y asegura que sin las normas impulsadas a posteriori por el Ayuntamiento, la reforma proyectada por Barceló «nunca, nunca podría obtener la correspondiente licencia de obras con que dar ejecución al proyecto aprobado ni podría cumplir con los parámetros ordenancistas y de protección del inmueble que se recogían en el pliego de condiciones con que los aspirantes nos presentamos al concurso».
Es más, cree que la modificación de la ficha urbanística del hotel «supone de facto una descatalogación del inmueble prohibida en nuestro ordenamiento, pues se propone la división del edificio en tres zonas diferencias para permitir en obras de rehabilitación y remodelación, incluso demolición, simplemente por ser discordantes (...) con respecto al proyecto originario», algo que «contraviene» el Plan General de Ordenación.
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El empresario recurrente también opina que la solución que se va a dar al hotel contraviene la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, pues «solo permite demoliciones cuando el edificio esté declarado en estado de ruina inminente o ruina ordinaria técnico-constructiva, cual no es aquí el caso».
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