El retraso con las facturas bloquea 16 millones de inversión
El Ayuntamiento aprobó este lunes la modificación de crédito por la que se pagarán 13 millones de euros a los bancos, dejando la deuda financiera a cero. Pese a la unanimidad, la oposición criticó que el retraso en el pago a proveedores bloquee el uso de 16,4 millones de euros en inversiones financieramente sostenibles.
Todos los partidos políticos con presencia en el pleno aprobaron este lunes por unanimidad el uso de 13,4 millones de euros para dejar la deuda bancaria del Ayuntamiento a cero, un logro calificado como histórico por el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, ya que Las Palmas de Gran Canaria se convierte en la segunda de las grandes ciudades de España cancelar sus deudas con los bancos.
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El Ayuntamiento destinó parte de su superávit a este fin porque el hecho de que supere el plazo máximo legal para pagar a los proveedores (30 días, cuando el gobierno local paga en estos momentos a más de 40) impide que se hagan inversiones financieramente sostenibles, otra posibilidad que permite la norma de estabilidad presupuestaria.
La oposición calculó que la cantidad de dinero del superávit que se queda sin uso, cuando podría ser utilizada para inversiones financieramente sostenibles, es de 16,4 millones de euros, ya que desde este ejercicio se ha dejado de exigir la adjudicación de las obras antes de fin de año, si bien se necesita que el gasto esté autorizado.
El coordinador general de Hacienda y Economía, David Gómez, restó importancia a este hecho y lo justificó en el hecho de que los presupuestos generales del Estado se aprobaron en julio, con lo que quedaba poco tiempo para tramitar los expedientes.
Sin embargo, eso no significa que las inversiones sufran un bloqueo definitivo. «Sería lo mismo que hacerlas en 2018», explicó, «no vamos a dejar de hacer inversiones financieramente sostenibles cuando lo necesitemos».
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Emalsa.
Respecto a la reclamación de 26 millones de euros que Emalsa ha requerido en los tribunales, el alcalde, Augusto Hidalgo, aseguró que algunas facturas, sobre todo de saneamiento, han sido paralizas por diferencias en el importe a abonar. La Intervención discrepa del coeficiente que se aplica a las facturas desde 1998.
El concejal de Aguas, Roberto Santana, aclaró que las facturas de saneamiento reconocidas por Intervención y la Asesoría Jurídica rondan los 9,4 millones de euros, mientras que Emalsa reclama unos 13 millones de euros.
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A ello hay que sumar otros recibos, como la tasa que cobra el Cabildo por el depósito de los fangos -más de cinco millones de euros-, que Emalsa exige al Ayuntamiento y que están a la espera de un informe jurídico; o los costes relacionados con la depuradora de Tamaraceite, tanto en las mejoras del aislamiento acústico -cuyas facturas se pasarán al Gobierno de Canarias-, y con el sobrecoste de explotación -que ronda los 90.000 euros al mes- ya que la nueva instalación tiene mayor consumo eléctrico.
El alcalde entiende que hubiera sido mejor que Emalsa hubiese aceptado la cantidad que fijó el Ayuntamiento y solo reclamase la parte en la que discrepan la compañía y la ciudad.
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