La residencia embronca el Cabildo

G. Florido / Las Palmas de gran canaria

La residencia de mayores de Agüimes y la controversia generada tras la sentencia que condena al Ayuntamiento a pagar 30.000 euros a la familia de una usuaria en concepto de cobros indebidos embroncó ayer el pleno de septiembre del Cabildo. La oposición sacó la artillería pesada porque la etapa juzgada corresponde a los últimos años como alcalde del actual presidente insular, Antonio Morales. Le acusaron con palabras gruesas. Abuso, atropello, falta de humanidad, vergonzoso, terrible... Los más duros fueron el PP, que reclamó su dimisión, y Podemos, que le instó a pedir perdón. Morales, en cambio, defendió la política social del Ayuntamiento de Agüimes, antes y ahora, y redujo lo sucedido a una discrepancia administrativa que ha acabado en manos de la justicia.

Con todo, y aunque estaba prevista una moción de CC sobre la residencia que al final ayer no dio tiempo a debatir, fue el presidente el que primero sacó a relucir el caso. Lo hizo en asuntos de Presidencia. Y explicó su versión sobre lo sucedido: que la residencia era municipal (la primera de Canarias), que al principio solo atendía a residentes y luego se abrió a toda Gran Canaria, que empezó a cobrar una subvención conjunta de 250.000 euros y que cuando a partir de 2014 las ayudas empezaron a ser individuales, por la Ley de Dependencia, los servicios jurídicos y económicos sostuvieron que los usuarios debían cumplir el contrato y pagar la tasa que firmaron.

«señor scrooge-morales». Sus explicaciones no convencieron a nadie en la oposición. «No me creo que no supiera que las ayudas de dependencia fueran individuales, es gravísimo que las metiera en la caja común», le espetó Miguel Montero, de Podemos. José Miguel Bravo de Laguna, abogado, de Unidos, tildó de «técnica curiosa y alegal», que jamás había visto hasta ahora, la de exigir en el contrato con las familias usuarias de la residencia una garantía patrimonial ante una posible deuda futura en el pago de las cuotas. Más duro fue Carlos Ester, del PP. Le acusó de haberse saltado la ley y de estar «echando el marrón al actual alcalde». Morales no se arredró, les recordó los otros «circos» que le montaron con casos anteriores que quedaron en nada, como el del informe de la Audiencia de Cuentas, y les enumeró una retahíla de sentencias en vía contenciosa perdidas por otras administraciones y por cuantías más millonarias que, sin embargo, no supusieron la dimisión de sus responsables.

No acabó ahí la cosa. El PP volvió a la carga en el apartado de preguntas. Entró a degüello. Una tras otra, se resarció de la imposibilidad técnica de hacer comparecer formalmente al presidente por esta causa en el Pleno de ayer. Ester le habló de «falta de humanidad» por pedir «en prenda las casas y el patrimonio» a los mayores usuarios en caso de deuda. Y su compañera de partido, Aurora del Rosario, lo comparó con el Tío Gilito en el Cabildo, «porque no se gasta el dinero para mejorar la vida de los grancanarios», y con el señor Scrooge, el avaro del Cuento de Navidad de Dickens, en su gestión de la residencia. Morales defendió la legalidad de esa fórmula, llamada renta o pensión vitalicia inmobiliaria y puso un ejemplo similar de Navarra. «El derecho foral de Agüimes», lo rebautizó irónico la oposición.

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