Trifulca política por la gestión de la transparencia en Ingenio

Cualquier ciudadano de Ingenio puede juzgar por sí mismo si le parece transparente su ayuntamiento. Basta con que acuda a su página web y pique en la opción Transparencia que aparece en su menú. Lo que podrá ver ahí ha sido el fruto del trabajo coordinado durante un año entre trabajadores del consistorio ingeniense y de la Asociación Transparencia Pública, a la que el gobierno local le contrató la puesta en marcha del portal con el que abrir la gestión municipal a la ciudadanía. Esta organización empezó a operar en Ingenio en enero de 2017, en mayo presentaron el portal y estos días expiró el vínculo que los unía.

La polémica se genera a raíz de las dudas que este procedimiento ha despertado en el PP de Ingenio, uno de los grupos de la oposición. Su portavoz, Rayco Padilla, advierte, de entrada, de que ha puesto el expediente en manos de la Fiscalía para que lo revise de oficio. No le cuadra que el Ayuntamiento recurriera a un procedimiento negociado, de los menos transparentes entre los que prevé la legislación, para adjudicar un contrato sobre transparencia. «El límite son 18.000 euros, y qué casualidad, se firma por 17.800», ironiza. Y más le sorprende aún que los gestores de Asociación Transparencia Pública tengan que ver también con la plataforma Dyntra, que es la que les evalúa el trabajo. El presidente de la asociación, Juan Manuel Roa, figura entre los fundadores de Dyntra. «Esto cuanto menos es absurdo, o sea, que yo me examino a mí mismo, no me parece serio, ¿quién nos garantiza que esa evaluación es rigurosa?», se queja.

Consultado al efecto, el gobierno local (PSOE y Forum Drago) asegura que no tiene nada que ocultar. Cristopher Rodríguez, concejal de Nuevas Tecnologías y Participación Ciudadana, muestra el informe técnico que adjudicó el contrato a la oferta más económica, el de intervención que acreditaba que había consignación económica para el contrato, la propuesta de gasto que coincide con la oferta ganadora y el certificado de la asociación por el trabajo realizado. «Aquí lo único cierto es que cuando el PP gobernaba en Ingenio, hasta 2015, por cierto, con Padilla de edil, estábamos en el antepenúltimo puesto del ranking regional de transparencia y ahora somos el primero», argumenta. «Nuestra apuesta es clara y lo que le molesta al PP es que Ingenio ya suena en Canarias», sentencia.

Por su parte, Roa defiende el contrato y el trabajo realizado, enfatiza la «valentía de Ingenio, que se ha desnudado ante el ciudadano», y aclara que Dyntra no la controla él, pese a que la fundara, sino que es una plataforma colaborativa, la mayor del mundo, apartidista, con 5.000 entidades evaluadas y en la que cualquier ciudadano puede medir la transparencia de una organización. Explica que usa metodología medible y rigurosa, aplicando los indicadores de transparencia a los que obliga la legislación, más aquellos otros que más demandan los ciudadanos. «Cualquiera puede proponer uno nuevo, que sería estudiado por un consejo asesor», advierte.

Juan Manuel Gómez Roa es el presidente de la organización que le hizo el portal a Ingenio y es fundador de la plataforma que lo ha evaluado, pero también está vinculado a las tres entidades a las que el consistorio invitó a participar en el procedimiento negociado con el que adjudicó este contrato. Figura como administrador único de Gobierno Inteligente SL y es CEO de Soluntia SL. Una, la que ganó, ofertó 17.800 euros, otra, 18.000, y otra 17.900. Roa reconoce esa vinculación, pero le resta importancia. «Hay pocas empresas especializadas, además, doy presupuesto a quien me lo pide». Padilla no lo ve así. «Lo último que me podría imaginar es que las tres empresas estén vinculadas al mismo señor».

La polémica, en todo caso, no se ha circunscrito a los límites de Ingenio. La implantación en Santa Lucía de Tirajana de un portal de transparencia también gestionado por Asociación Transparencia Pública y por Roa ha desencadenado otra refriega política, esta vez entre la Agrupación de Vecinos (AV) Santa Lucía, extensión del partido del alcalde del vecino San Bartolomé, Marco Aurelio Pérez, y por otro, el Ayuntamiento de Santa Lucía, gobernado por NC, PSOE y Canarias Decide. Además de pedirle copia del contrato, AV criticó este jueves que Santa Lucía «se asesore sobre transparencia a través de una persona relacionada con sociedades offshore en Panamá». Y el gobierno santaluceño le respondió con otro en el que subrayaba que el portal que acaba de abrir se contrató «siguiendo todos los trámites legales». Es más, y ante esas acusaciones, añadió en esa nota que Gómez Roa les había contestado «que se trata de acusaciones falsas» y que les había anunciado un comunicado «para desmentirlas al margen de las medidas que pueda tomar contra los autores» del texto.

Explica el partido de Marco Aurelio Pérez que el presidente de Transparencia Pública es también representante de Soluntia SL, otra de las empresas que optó al contrato en Ingenio, y dice de ella que «se ofrece a empresas que quieran implantar negocios offshore en Panamá y aprovecharse de sus singularidades legales y fiscales». Cuestiona AV que la alcaldesa, Dunia González, afirme que Santa Lucía «se coloca en el tercer puesto de transparencia en Canarias» por cuanto el índice en el que se basa la asociación de Gómez Roa «no está reconocido por el Comisionado de Transparencia de Canarias». Además, defiende que ese trabajo pudo ser realizado con los servicios municipales.

Por su parte, el gobierno de Santa Lucía aclara que lo que firmó con Transparencia Pública, con domicilio social en Málaga, fue un contrato menor, con informes técnicos favorables y con información de la Agencia Tributaria de Málaga de que está al corriente de sus obligaciones. No entiende las críticas de AV cuando su socio electoral en San Bartolomé, el PP, también ha trabajado con esta empresa.

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