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Ratifican la condena a un periódico por vulnerar el derecho al honor de un juez

Según la sentencia original este medio publicó de manera inveraz que el juez estaba siendo investigado por falsedad en relación con la investigación del conocido como 'Caso Unión'

EFE Santa Cruz de Tenerife

La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha confirmado la condena al periódico ABC y a uno de sus redactores a indemnizar con 30.000 euros al juez César Romero Pamparacuatro, actual titular del Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna, por intromisión ilegítima en su derecho al honor.

Según la sentencia original, dictada en febrero de 2021 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Puerto de la Cruz, este medio publicó de manera inveraz que el juez estaba siendo investigado por falsedad en relación con la investigación del conocido como 'Caso Unión'.

Además de la indemnización, l a sentencia ahora ratificada por la Audiencia en todos sus términos, aunque es susceptible de recurso ante el Supremo, obliga al periódico a publicar en su edición de papel, al día siguiente de que la resolución adquiera firmeza, el encabezamiento y el fallo, en varias páginas y secciones del diario.

Rememora la sala que el 14 de diciembre de 2015, en la edición nacional del ABC, en la sección España, y ocupando «completamente las páginas 28 y 29» se publicaron dos informaciones bajo sendos titulares «de gran tipografía y en negrita», incluyendo subtítulos, siendo el primero de ellos, Un juez, un secretario y dos guardias civiles falsearon el mayor caso de corrupción de Lanzarote, y el segundo, «La actuación de los funcionarios puede llevar a la nulidad del caso».

Igualmente, en ese mismo periódico y fecha, y en la sección A los cuatro vientos, se publicó un suelto bajo el título «Lanzarote, caso Unión: cerco a un juez, un secretario y dos guardias civiles».

Afirma la sentencia que cuando el periódico publicó estas informaciones referentes al sumario conocido como 'caso Unión', el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, único órgano competente para imputar delitos a un juez ejerciente en las islas, no dirigía ninguna investigación contra el magistrado Pamparacuatro, y el juez que entonces asumía la instrucción de este caso (Rafael Lis, tras el cambio de destino de Pamparacuatro) en ningún momento había presentado cargos contra su compañero.

«Es por ello que en modo alguno puede sostenerse que ni que existiera investigación judicial alguna contra el actor, ni que de auto alguno se desprendieran indicios de responsabilidad criminal contra el mismo», dice.

Concluye el fallo que ahora ha ratificado la Sección Tercera de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife que la conducta del medio y del periodista que firmó la información no fue diligente, y por tanto la información no fue veraz en lo que concierne al calificar que está siendo investigado y que existen indicios contra él.

Agrega que el medio «no actuó de forma diligente y que con los citados titulares, fundamentalmente se limitó a difundir simples rumores o invenciones que desacreditaban los procesos judiciales que se seguían sobre determinados casos de corrupción, para lo cual difamó a quien participó en la investigación y la instrucción de tales casos«.