Imagen de archivo de una persona mayor en una residencia sociosanitaria. C7

Canarias tiene un déficit de 9.400 plazas residenciales para atender a sus mayores

El archipiélago dispone de 2,47 camas sociosanitarias por cada cien mayores de 65 años, la mitad de lo idóneo. Solo Murcia tiene una tasa inferior

Carmen Delia Aranda

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 22 de enero 2025, 01:00

Canarias debería casi duplicar su número de plazas residenciales destinadas a atender a la población mayor para alcanzar la ratio del 5%, según consta en un informe elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.

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En concreto, el documento revela que las islas deberían contar con 9.400 vacantes más en centros sociosanitarios para disponer de 5 plazas por cada cien personas mayores de 65 años.

El archipiélago, hasta 2023, contaba con un total de 9.927 plazas residenciales, lo que supone una tasa de 2,57 camas sociosanitarias por cada cien personas de más de 65 años. Esta tasa es la segunda más baja del Estado, solo por detrás de la ratio de la comunidad de Murcia (2,47), detalla el documento divulgado ayer que cifra en 89.324 el déficit global de plazas en el Estado español para alcanzar la ratio deseable del 5%. Este umbral solo lo superan con plazas públicas dos comunidades; Castilla y León y Castilla-La Mancha.

Además, el informe revela que harían falta 35.000 plazas específicamente para cubrir la demanda actual de personas en situación de dependencia severa o grandes dependientes.

Esta carencia se debe a que, pese a que entre los años 2010 y 2024 la población española de más de 65 años ha crecido en 2,5 millones, durante este periodo solo se han creado 26.620 nuevas plazas en el conjunto del país.

Además, según el informe, el número de plazas sociosanitarias destinadas a los mayores ha descendido en Canarias, ya que en 2020 las islas contaban con 52 plazas más. En todo caso, las plazas residenciales actuales superan en 506 las existentes en el archipiélago en 2010.

Por otra parte, en cifras absolutas, Canarias es la quinta comunidad con más déficit de plazas por detrás de Andalucía (38.857), Valencia (24.801), Cataluña (14.428) y Galicia (13.404).

De las 9.927 plazas residenciales de las que dispone el archipiélago, un total de 3.215, es decir, el 32,4% están en centros privados, mientras que el 67,6% cuentan con financiación pública. En este sentido, el informe destaca que las comunidades con menos plazas de financiación pública son Canarias, Murcia y la Comunitat Valenciana.

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Cabe aclarar que dentro de financiación pública se incluyen las plazas en centros públicos, plazas concertadas en centros privados y plazas que se financian con la prestación vinculada al servicio.

En concreto, en Canarias hay 1,74 plazas residenciales financiadas por las administraciones por cada 100 mayores de 65 años, frente a la ratio estatal de 2,84.

Por otro lado, el documento detalla que el tamaño medio de las residencias de mayores del archipiélago es inferior a las del resto del Estado, con una capacidad media de 51,4 plazas frente a la media española de 72,9 camas.

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En cuanto a la ocupación media de las plazas residenciales, en Canarias es del 44,2%, mientras que la media en España es del 84,1%.

Descenso inexplicable

Los gestores y directoras de centros sociosanitarios subrayan que el año 2024 comenzó en España con un 395.065 plazas residenciales para mayores, 3.510 menos que el año anterior, y que desde 2014 no se había registrado un descenso interanual en el número de plazas residenciales.

Desde 2020 las plazas residenciales han aumentando en el conjunto del Estado en 6.031, mientras que la población mayor de 65 años se ha incrementado en más de 600.000 personas en esos mismos años.

Por todo ello, la asociación de gestores de servicios sociales pide que los centros de mayores no se hagan «a golpe de promesa electoral» sino en base a una planificación racional que responda a las necesidades de la población.

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Desinstitucionalizar, la cuenta pendiente

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales aboga por desinstitucionalizar a las personas mayores, es decir, promover que las personas dependientes reciban atención en sus domicilios. Sin embargo, afirman que «no se han dado pasos decididos en esta estrategia, cuyo exponente más importante es la ayuda a domicilio». En este sentido, precisan que el servicio de ayuda a domicilio mantiene una cobertura del 5,5%, sólo seis décimas más que en el año previo a la pandemia.

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