Una sentencia histórica condena a la Xunta y al Estado por la contaminación del embalse de As Conchas por las macrogranjas
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordena al gobierno gallego y a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil a tomar medidas «inmediatas» para que el agua vuelva a ser potable y cesen los malos olores en la comarca orensana
J. A. Guerrero
Viernes, 11 de julio 2025, 17:56
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dictado este viernes una sentencia histórica que confirma que las autoridades estatales y regionales han vulnerado ... los derechos humanos de los residentes de la comarca de A Limia y próximos al embalse de As Conchas, en Orense, al no gestionar la contaminación generada por cientos de explotaciones porcinas y avícolas en la zona, según un comunicado de la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU).
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La sala de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña condena a la Xunta de Galicia y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil a adoptar las medidas necesarias para que cesen los olores y la degradación ambiental en la zona y se asegure el abastecimiento de agua potable restaurando así el pleno disfrute del derecho a la vida. Además, deberán indemnizar a siete de los demandantes con 30.000 euros.
A la Xunta y a otros organismos demandados (la propia Confederación y varios ayuntamientos) se les recriminaba «la inacción institucional» frente a los impactos en la salud y el medio ambiente, y «la permisividad de la expansión descontrolada de la ganadería industrial» en la zona.
El fallo del TSXG es histórico por vincular la vulneración de derechos fundamentales a la contaminación medioambiental. Los vecinos de As Conchas, un embalse situado en el sur de Ourense en la frontera con Portugal, llevan más de una década denunciando la mala calidad del agua debido a los residuos de las explotaciones ganaderas situadas en la cuenca del río Limia.
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Investigadores del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) elaboraron un informe que constata cómo la alta presencia de bacterias —contabilizaron hasta 97.000 bacterias muy peligrosas por cada mililitro de agua— estaba condicionando la calidad de vida de los habitantes, por el mal olor, la presencia de sustancias tóxicas ya resistentes a antibióticos y la imposibilidad de utilizar el embalse, el lugar de ocio histórico de la comarca. La demanda, de hecho, se basó en este estudio del CSIC.
Esta sentencia «representa un paso crucial hacia el reconocimiento de que los devastadores impactos de la ganadería industrial no son solo una cuestión de políticas públicas, sino también de derechos humanos», señalan las abogadas de ClientEarth y Amigas de la Tierra, que han apoyado la demanda interpuesta por nueve personas y organizaciones, entre las que se encuentra la Federación de Consumidores y Usuarios. «Este caso abre el camino para que comunidades afectadas en España y en el resto de toda Europa puedan presentar demandas similares y exigir justicia y protección a sus autoridades», señalan las letradas de ambas organizaciones medioambientales.
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Contaminación por nitratos
La población de As Conchas lleva años sufriendo la contaminación severa del embalse y del río: problemas de salud, brotes severos de cianobacterias tóxicas, un olor insoportable en el entorno, y todo debido a la contaminación por nitratos y bacterias de sus acuíferos. Esta situación ha puesto en jaque a los negocios locales, complicando la vida en el municipio y desatando las quejas vecinales.
«Esta sentencia es una victoria sin precedentes frente a la ganadería industrial»
Durante las vistas judiciales, los peritos presentaron pruebas con las que demostraban que los niveles de contaminación por nitratos en el embalse y la cuenca del río Limia han llegado incluso a superar en 1.000 veces lo permitido. También presentaron evidencias de la presencia de superbacterias resistentes a antibióticos.
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En la sentencia publicada este viernes, el tribunal establece que un medio ambiente sostenible «es necesario para el pleno disfrute de los derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, a un nivel de vida adecuado, y al agua potable y el saneamiento, a la vivienda, a la participación en la vida cultural y al desarrollo», un argumento que viene a marcar una jurisprudencia pionera.
«Supone un precedente»
A juicio de los demandantes, «este caso histórico marca un precedente en la defensa de los derechos fundamentales frente a la contaminación de acuíferos ocasionada por la ganadería industrial. El fallo envía un mensaje claro a las autoridades: tienen el deber legal de actuar cuando la salud pública y el medio ambiente están en riesgo».
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Para Pablo Álvarez Veloso, presidente de la asociación de vecinos y demandante, «después de tantos años de lucha incansable, de sentirnos abandonadas y abandonados, ignorados por quienes debían protegernos, hoy por fin nos han escuchado. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha reconocido lo que llevamos tanto tiempo denunciando: nuestros derechos han sido vulnerados por la inacción de las administraciones frente a la contaminación de la ganadería industrial».
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Mercedes Álvarez de León, demandante en el caso y empresaria local, ha declarado: «Es un gran alivio y una alegría inmensa. Ya estábamos totalmente desesperados y por fin se reconocen todos estos años de angustia y sufrimiento. En la vista judicial se demostró la gravedad de la situación en la zona, los altos niveles de contaminación de los acuíferos y el riesgo que suponen para mi salud y la de mi familia. La situación nos afectó enormemente hasta el punto de no poder hacer una vida normal».
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Por su parte, Nieves Noval, abogada de ClientEarth, opina que «el fallo marca el inicio del camino hacia la justicia para los demandantes, que llevan años sufriendo sin la protección de sus autoridades. También representa una oportunidad sin precedentes para las comunidades que viven en las llamadas 'zonas de sacrificio' en toda Europa . Este caso no se limita a Galicia; estos focos de contaminación están presentes en todas partes».
«Esperamos que esta sentencia marque el principio del fin a situaciones que llegan a impedir a la población rural beber agua de los grifos»
Para Blanca Ruibal, coordinadora de Amigas de la Tierra, «esta sentencia es una victoria sin precedentes frente a la ganadería industrial. Estamos muy esperanzadas por está nueva vía que se abre para todas las comunidades afectadas por la contaminación procedente de macroexplotaciones ganaderas. Por fin la población de As Conchas puede respirar tranquila, después de tantos años soportando un ambiente insalubre».
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En esta línea también se ha pronunciado David Sánchez, director de la CECU: «Hoy es un día histórico para la defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias. Las autoridades son, efectivamente, las responsables de que las actividades de la industria no afecten a los derechos fundamentales de la ciudadanía. Esperamos que esta sentencia marque el principio del fin a situaciones que dificultan o incluso impiden a la población del medio rural beber agua de los grifos en sus domicilios y que se haga justicia en estos casos de contaminación».
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