El niño con síndrome de Asperger expulsado de su colegio sigue sin escolarizar

El niño con síndrome de Asperger que fue expulsado de su colegio en diciembre pasado sigue sin escolarizar una vez pasadas las vacaciones navideñas. Dado que el incidente que motivó su salida del centro tuvo lugar el 2 de diciembre y que desde ese día, mientras se tramitaba el expediente para su expulsión, fue apartado de las clases, el menor diagnosticado con este tipo de Trastorno del Espectro Autista acumula 42 días de incertidumbre y sin colegio definido donde continuar su formación.

Ha perdido ya, de entrada, 14 días de clase, a los que hay que sumar los otros 12 días que fue expulsado en otras dos ocasiones en el primer trimestre del curso. La última, la definitiva, fue porque, según consta en la resolución emitida por el equipo directivo del centro, se le considera «autor responsable de conductas que perjudican gravemente la convivencia».

Su familia se queja de que esta decisión se adoptó sin tener en cuenta el trastorno del menor y sin valorar, tampoco, que precisamente entre los problemas que le genera esta discapacidad figura su dificultad para controlar los impulsos.

La madre del niño, Isabel Alonso, apunta que este lunes fue recibida por el director territorial de Educación de Las Palmas, Álvaro Moreno, dependiente del Gobierno de Canarias, y que la consejería le ha ofrecido que elija tres centros alternativos donde prefiere que su hijo sea matriculado a partir de ahora.

«Lo antes posible». Esta fue, según Alonso, la mayor concreción temporal que Moreno le ofreció respecto a la vuelta a las clases del niño, que tiene 11 años y cursaba 6º de educación primaria en el colegio Salvador Manrique de Lara, en Tafira, en Las Palmas de Gran Canaria, el centro de donde ha sido expulsado con carácter definitivo.

«Para estos niños la rutina es clave, así que yo no me quiero ni imaginar cómo va a ser el regreso de mi hijo a las aulas después de tanto tiempo desconectado», confesaba este martes Alonso con preocupación. En todo caso, deja claro, y dice que así se lo hizo saber también al director territorial, que seguirá adelante con el camino que ha iniciado para defender los derechos de su hijo.

«Primero agotaré la vía administrativa y luego recurriré a la judicial». Por lo pronto, presentará un recurso de alzada contra la resolución del colegio. «Tengo entendido que Educación luego dispone de un plazo de tres meses para contestarme», añade Alonso.

«Ya veremos qué pasa luego; lo que me dijo el señor Moreno es que en su nuevo destino mi hijo contará con los recursos que precisa y que vienen recogidos en su informe psicopedagógico». Recuerda que son un profesor o profesora de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) y el apoyo de un auxiliar.

Este requisito es clave para Isabel Alonso, porque, no en vano, achaca el comportamiento alterado de su hijo en el colegio en el que estaba al hecho de que no se le estaba atendiendo de acuerdo a sus necesidades educativas.

Es más, la madre del niño está convencida de que estas reiteradas expulsiones del centro se deben a que ella, desde el inicio del curso, empezó a reivindicar por escrito las atenciones que precisaba el menor y que no recibía.

Recuerda que en el último informe psicopedagógico de su hijo, que data de 2019, el orientador escolar reconocía que el niño «muestra dificultades para autorregularse, mostrándose excesivamente impulsivo e irreflexivo en sus actuaciones», recoge textualmente. Y añadía que «le cuesta manejar sus emociones y comportamientos, según las situaciones en las que se encuentra».

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