La legislación covid protege a las mujeres, pero su lenguaje es sexista

En general la legislación dictada por el Gobierno de España en el marco de la pandemia ha tenido un impacto positivo de género, esto es, ha tenido en cuenta la realidad de las mujeres al incluir medidas que inciden en el empleo, la salud, el bienestar y el acceso a ingresos y recursos del colectivo femenino. Sin embargo, el lenguaje de las disposiciones normativas «tiende a caracterizarse por ser sexista y androcéntrico». Así se señala en el informe 'Impacto de género de la crisis de la covid-19. Incidencia sobre las mujeres víctimas de violencia de género' que ha elaborado un grupo de investigadoras del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres, a través de la Fundación General de la Universidad de La Laguna (ULL), por encargo de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias.

Este estudio, que se puede consultar íntegro en la página de la Red de Bibliotecas de Canarias, se presentó ayer en la capital tinerfeña con la presencia del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez; la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, que participó telemáticamente, y la coordinadora del estudio y directora del Instituto de Estudios de las Mujeres, Margarita Isabel Ramos. En la elaboración del informe han participado las doctoras María Elena Sánchez, Sarai Rodríguez y Laura Aguilera y la profesora Juana Pilar Rodríguez.

Julio Pérez señaló que este estudio respondía a la preocupación de que la crisis sanitaria y social por el coronavirus «afectan especialmente a las mujeres porque los cuidados esenciales recaen mayoritariamente sobre ellas, así como por la incidencia de la crisis sanitaria desde el punto de vista del empleo femenino, mayoritario en el sector sociosanitario, pero igualmente más precario en otros sectores, donde es posible que las mujeres se vean abocadas con mayor facilidad a situaciones de desempleo y exclusión», según una nota de prensa. La idea, abundó, es utilizar este informe para mejorar la legislación futura.

El estudio reconoce que buena parte de la nueva legislación dictada durante la pandemia de covid en ámbitos como la vivienda, el empleo (los ERTE) o en la protección a las víctimas de violencias machistas ha sido positiva. Aún así, llama la atención sobre determinados aspectos. Entre ellos, el plan MeCuida. que señala debe ser «objeto de análisis crítico con perspectiva de género» ya que si bien daba la posibilidad de reducir la jornada hasta el 100%, el problema es que también se disminuye el salario en la misma proporción sin ofrecer alternativa financiera y recuerda que son mayoritariamente las mujeres las que se acogen a esta posibilidad.

El lenguaje es uno de los puntos más críticos de este informe según el cual se utiliza expresiones «sexistas y androcéntricas». «Se utilizan constantemente en masculino los términos que se refieren a personas, como por ejemplo «trabajadores», «arrendatarios, «acreedores», «deudores». Si es diferente, y se observan «avances» en temas relacionados «con la conciliación de la vida familiar y laboral en particular, o con el empleo y la ocupación en general, donde sí se advierte un esfuerzo por emplear palabras neutras como «personas trabajadoras» o «personasvulnerables» pero en muy pocas ocasiones se emplean las palabras en femenino». El uso más inclusivo, resalta también este informe, se realiza en textos relacionados con las violencias machistas.

Trece propuestas para mejorar la brecha de la desigualdad

El informe culmina con trece recomendaciones, entre ellas mantener las ayudas en materia de vivienda, suministros básicos para combatir pobreza y exclusión social, prestar atención a personas consumidoras en situación de vulnerabilidad. También se recomienda reconocer la naturaleza de género de la fuerza laboral del ámbito sanitario y sociosanitario y mitigar los riesgos adicionales para las mujeres, invertir en una economía basada en el cuidado, mantener las prestaciones por hijos o licencias parentales remuneradas.

Y especialmente se recomienda desglosar por sexos los datos del mercado de trabajo, en particular, los datos sobre despidos y pérdidas de empleo, especialmente relacionados o por causa del coronavirus.