El decreto de discapacidad busca bajar una lista de espera de 27.000 personas
Contempla una serie de patologías susceptibles de determinar un grado automático del 33%, 65% o 75%
El Gobierno de Canarias aprobó este martes el proyecto de decreto ley sobre los procedimientos para la valoración y calificación del grado de discapacidad en Canarias, que busca atajar uno de los problemas sociales más graves en las islas, la abultada lista de espera de quienes esperan el reconocimiento de su discapacidad y que se eleva a 27.000 personas, 9.000 incorporadas el año pasado, según dijo este martes la consejera regional de Bienestar Social del Gobierno canario, Candelaria Delgado, en la rueda de prensa para informar de los acuerdos del Ejecutivo.
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En su último informe, la Diputación del Común alertó de que en las islas hay casos donde se tarda hasta cinco años en la valoración de la discapacidad.
La entrada en vigor del decreto se producirá tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y convalidación posterior en el Parlamento canario y, según el Gobierno, su principal virtud de este nuevo decreto es que contempla un anexo en el que se listan una serie de patologías susceptibles de determinar un grado de discapacidad automático del 33%, 65% o 75%. «Con la solicitud de discapacidad y la acreditación de alguna de las patologías incluidas en el anexo se emitiría una valoración por informe, sin necesidad de que la persona tenga que ser valorada de forma presencial», explicó Delgado.
Además, se han contemplado perfiles prioritarios de colectivos más vulnerables, como la ampliación de la prioridad, que hasta ahora disfrutaban los menores de entre 0 y 6 años para la atención temprana, a los menores de 18 años. Con esta ampliación se pretende aportar un valor a la concesión del grado de discapacidad ya que no solo se tendrá en cuenta aspectos estrictamente médicos sino también condicionantes sociales graves que permitirán a estos menores una mejor integración mediante, por ejemplo, el acceso prioritario a becas u otros derechos que suavizan su incorporación en institutos o universidades.
Otra de las novedades que destacó la consejera es que se crea un procedimiento especial, vinculado al anexo, que genera de oficio la tarjeta de aparcamientotras la resolución, «y evita así a la ciudadanía trámites engorrosos».
Por otra parte, se impulsa la estrecha coordinación con la Dirección General de Servicios Sociales para la asignación de las Pensiones No Contributivas.
También se coordinarán, añade el Gobierno en un comunicado, la Dirección General de Discapacidad con el Servicio Canario de Salud «para poder usar sus profesionales para emisión de informe y reducir la lista de espera». La Consejería de Educación será otro departamento con el que se coordinará el personal de Bienestar Social «cuando se trate de menores, y con los colegios profesionales de Canarias, lo que permitirá el apoyo de profesionales específicos para completar los informes que sean necesarios».
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Cada una de las patologías recogidas en el anexo del decreto canario «han sido cotejadas con el Baredi, la herramienta estatal que incorpora criterios médicos, psicosociales y ambientales, para baremar el grado de discapacidad que puede tener cada persona solicitante», añade la nota.
La nueva norma «se configura como un instrumento necesario para favorecer que el procedimiento administrativo para el reconocimiento del grado de discapacidad sea más eficiente, acortando los plazos en los que la Administración reconoce esa situación de discapacidad y que este no suponga una carga para la ciudadanía, facilitando a los equipos multiprofesionales una aplicación más eficiente en el proceso de valoración y una mayor optimización de los recursos públicos, con procesos específicos de valoración», asegura el Gobierno.
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Se estructura en cuatro títulos
El nuevo proyecto se estructura en cuatro títulos, en los se recogen el objeto y ámbito de aplicación, las competencias y equipos de valoración, el procedimiento y la revisión; cuatro disposiciones adicionales; una disposición transitoria; una disposición derogatoria; cuatro disposiciones finales y un Anexo.
El Gobierno expone que la aprobación de un decreto específico en Canarias se justifica «de manera especial en la necesidad» de atender las singularidades de un territorio insular fragmentado y, por tanto, «garantizar un tratamiento igualitario» en la atención procedimental en cada una de las islas, evitando la primacía en la facilidad de acceso a los servicios en las grandes islas, frente a las islas no capitalinas.
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