«Los casos como el de Ana Obregón se blanquean porque no interviene la Fiscalía»
La jurista Núria González señala que Ana Obregón incurre en un fraude de ley al comprar un bebé en el extranjero, el único delito del código penal que no se persigue
No hay gran diferencia entre el intento de compraventa de un bebé en la localidad extremeña de Don Benito, por el que se ha detenido a cuatro personas, y el caso de Ana Obregón, que se ha hecho con una niña en Miami mediante un vientre de alquiler, sostiene Núria González, jurista y autora del libro 'Vientres de Alquiler. La Mala Gente' (Eolas Ediciones, 2021). «La de Don Benito es la misma historia. Ahí sí se ha intervenido, mientras que la Fiscalía no ha actuado en el resto de los casos de bebés comprados en el extranjero», señala González, licenciada en Derecho y especialista en Derechos Humanos.
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Según la experta, en España la compra de bebés «es ilegal y está penado en el artículo 2.21 del Código Penal como un delito contra la filiación y la familia».
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Sin embargo, un resquicio normativo permite realizar un fraude de ley al adquirir a estas criaturas en el extranjero. En concreto, el 5 octubre 2010 se modificó una instrucción interna del Ministerio de Justicia, de la Dirección General de Registro y Notariado, para permitir inscribir en España a un hijo de progenitores españoles nacidos fuera con documentos oficiales del país donde nacen. Hasta esa fecha, solo se admitía el registro con una partida de nacimiento o una orden de adopción.
Así, en el caso de la presentadora y en otros anteriores, González asegura que no hay un vacío legal, sino un fraude de ley. «La legislación española es clarísima al respecto: la explotación de la reproducción humana está prohibida y penada», sostiene activista que califica de esclavista la venta del cuerpo de la madre y del bebé.
La rectificación de la instrucción, afirma, es muy sencilla, pero no hay voluntad de hacerla. «Los vientres de alquiler se están blanqueando porque no interviene la Fiscalía. La intención es normalizar esta práctica como si fuera aceptable aunque Tribunal Supremo y la ley dicen que no», recalca González.
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